El episodio que les viene narrando mallorcadiario.com sobre el conflicto existente en la Conselleria de Turismo –que depende del vicepresidente del Govern, Biel Barceló– por la negativa de los inspectores del departamento a poner su propio coche para desempeñar su labor profesional, es de esas cosas difíciles de entender. En una comunidad autónoma en la que el turismo constituye el principal motor económico y con los problemas que se padecen en materia de ordenación turística, oferta ilegal y competencia desleal, y además a las puertas de iniciar la temporada turística, esta situación es bastante esperpéntica.
Al Govern no le queda más remedio que ponerles vehículos oficiales
Los inspectores están cargados de razón, pues poco que se les paga por el kilometraje (0,33 €/km) si encima tienen que tributar por esas exiguas cantidades, no les compensa de ningún modo. Ya que no tienen ninguna obligación de aportar su medio de transporte particular para una misión oficial, se niegan a hacerlo. Al Govern de les Illes Balears no le queda más remedio que ponerles vehículos oficiales del parque móvil de la Administración autonómica, lo cual no será difícil con la de coches oficiales que en teoría han dejado de ser utilizados por los cargos públicos del Govern.
Pilar Carbonell, directora general de Turismo, ha admitido que este asunto es “una prioridad a resolver”, aunque lo mejor hubiese sido que nunca se hubiese convertido en un problema de entidad suficiente. Hoy mismo se celebrará una reunión entre Turismo y Función Pública para buscar una solución, pero no parece que este sea el mayor problema que haya que abordar porque su solución es fácil y constituye “el chocolate del loro” si se tiene en cuenta el volumen económico que el sector turístico mueve en Balears y que requiere de una inspección eficiente, eficaz y motivada para que no se produzcan disfunciones que todo el mundo acabe lamentando.
