Inquiokupas: cuando tu inquilino no paga y no lo puedes echar

El fenómeno no es nuevo, pero el problema es que desde la pandemia va a más. Todo comienza con el Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para prohibir los desahucios de inquilinos con un perfil de vulnerabilidad. La idea era reforzar "el escudo social" en materia de vivienda "en el peor momento social" de la historia reciente.

Sin embargo, después de la pandemia vino la guerra de Ucrania y la inflación desbocada y ahí, otra vez, el Gobierno decidió trasladar el peso del problema a los propietarios, prorrogando el decreto antidesahucios hasta el 30 de junio.

ESPAÑA, UN PAÍS DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS

De este modo, los dueños de inmuebles que sufran un impago por parte de un inquilino "vulnerable" no podrán poner en marcha el proceso de desahucio exprés y tendrán que asumir los gastos de la casa (cuota hipotecaria, luz, agua y demás suministros en caso de pagarlos ellos) hasta el día que caduque el decreto y el juzgado retome y ejecute el proceso. A todo ello, hay que sumar los retrasos que van a sufrir estos procedimientos a causa de la huelga de letrados de Justicia.

El resultado: meses y meses de inquilinos morosos que, en algunos casos, juegan la carta del chantaje para salir voluntariamente de la casa. "Mis inquilinos nunca fueron problemáticos pero con la pandemia dejaron de pagar y, después de muchos meses de peleas, burofax y amenazas nos propusieron irse si les pagábamos 2.000 euros", cuenta a mallorcadiario.com Natalia, una casera afectada por la inquiokupación en Mallorca.

Ella, como la inmensa mayoría de los afectados, es una 'pequeña propietaria' que nada tiene que ver con los grandes tenedores de vivienda. "Yo no soy millonaria, no tengo 300 pisos y vivo de especular. Si mi inquilino no me paga, yo no puedo afrontar la hipoteca y corro el riesgo de que el banco me quite la casa", explica impotente a este medio. De momento, la casa la mantiene pero se ha ganado una buena depresión y mil noches sin dormir.

CUANDO ALQUILAR DEJA DE SER ATRACTIVO POR EL MIEDO AL IMPAGO

"El Gobierno no tiene en cuenta que la mayoría de la oferta está en manos de pequeños propietarios que utilizan su vivienda para complementar su pensión o sus ingresos”, señala la abogada y socia de Círculo Legal, Arantxa Goenaga.

"Con la paralización de los procedimientos de desahucio o de ejecución de lanzamiento sólo se beneficia a aquellas personas que dejan de pagar y se perjudica a las personas que durante toda su vida han hecho una inversión para poder tener una jubilación tranquila”, agrega.

“Muchos propietarios están dado un paso atrás retirando sus pisos, poniéndolos a la venta o dejándolos vacíos, para evitar el perjuicio que les suponen estas medidas populistas”, indica Goenaga.

Es el caso de Ángela, una pensionista de Mallorca que completa -completaba- sus ingresos con los 750 euros de renta que le pagaba si inquilino. Lleva meses sin cobrar y ahora cuenta con que tendrá que perder un pico de los ahorros de su vida para afrontar los gastos del abogado, el procurados y las reparaciones de su casa -da por hecho que cuando su inquilino sea desahuciado se encontrará un piso destrozado-. "Cuando mi inquilino moroso esté fuera, vendo la casa", advierte.

LA OFERTA MENGUA Y LA DEMANDA CRECE: LOS PRECIOS SUBEN

Pero además de los dramas individuales, existe el peligro de convertir un medida "excepcional" -que no iba a afectar a la sostenibilidad del mercado, según el Gobierno- en un conjunto de medidas de corte estructural "que podrían fracturar definitivamente el delicado equilibrio entre oferta y demanda", según Goenaga.

Un reciente informe de Idealista expone que la oferta disponible de viviendas en alquiler se desplomó en Palma un 30 por ciento durante el cuarto trimestre de 2022, en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Y no sólo en Palma. La mayoría de capitales de provincia españolas (32 de las 52) tiene ahora muchas menos viviendas en alquiler de las que había hace un año. La reducción es del 48 por ciento en Granada y se sitúa en el 41 por ciento en Málaga, en el 36 por ciento en Alicante y del 35 en Valencia. Madrid y Teruel tienen un 32 por ciento menos alquileres, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el 31. Les siguen Ciudad Real (-30 por ciento), Barcelona (-28 por ciento) y Oviedo (-21 por ciento). Con caídas superiores o iguales al 15 por cientro encontramos las ciudades de Soria (-20), Sevilla (-19), Bilbao (17), León (-16) y Ávila (-16).

Evidentemente, el encogimiento del stock tiene explicaciones distintas en función del territorio. En Baleares, por ejemplo, la demanda de compra internacional y el alquiler vacacional -legalizado o pirata- retiran oferta de alquiler del mercado. Si a esto le sumamos los perjuicios de la inquiokúpuación, el parque de viviendas destinadas al alquiler se contrae aún más, disparando el precio de las mensualidades.