INNS y Muface, el colapso del sistema

Las alarmantes noticias acerca de la precaria situación económica y dudosa viabilidad de MUFACE, que atañen a más de un millón de funcionarios, son la consecuencia lógica de una negligente demolición de nuestro sistema de protección social, cuya estructura padece los efectos de una pésima gestión política.

Si ya es sorprendente que en un estado con un sistema de Seguridad Social en apariencia tan potente como el nuestro los empleados públicos estuvieran protegidos mediante aseguradoras privadas -aplicando aquello de que en casa del herrero, cuchillo de palo-, no lo es menos que el gestor político de MUFACE haya esperado hasta el vencimiento de los compromisos con dichas aseguradoras para ver qué hacía con esos funcionarios. La deducción es que el propio Gobierno quiere cargarse este sistema paralelo -algo que, si estuviera debidamente planificado, sería lo razonable- y, simplemente, ha dejado que caiga y que salga el sol por Antequera.

Pero el INSS, organismo encargado de la protección social de los trabajadores por cuenta ajena y propia de nuestro país, que debería asumir dicha protección en caso de desaparición de MUFACE, no se halla, en muchos aspectos, en mejor situación que ésta, lo que podría provocar el absoluto colapso de las prestaciones, cuya tramitación actual es calamitosa.

Todo aquello que depende de la gestión del INSS se convierte en un descerebrado calvario para el ciudadano. Se salva, en parte, el pago de la prestación de Incapacidad Temporal de los trabajadores por cuenta ajena, pero por la sencilla razón de que su gestión está delegada en cada una de las empresas, que primero abonan las bajas de sus empleados en nómina y luego descuentan el importe de la prestación adelantado en sus cotizaciones mensuales a la Seguridad Social.

En cambio, las solicitudes de prestaciones de Incapacidad Permanente y otras similares, que sí requieren de la tramitación administrativa del citado organismo presentan un funcionamiento propio de un país del Tercer Mundo. La demora del INSS en la resolución de dichas solicitudes -que jamás ha sido tramitada en los plazos previstos por la Ley- ha experimentado una progresiva degeneración, llegando a un funcionamiento propio de un Estado fallido.

Todo ello, sin contar la perversa estrategia del INSS de denegar sistemáticamente, por puras razones económicas y con informes ‘médicos’ que producen sonrojo -a ver cuándo el Colegio de Médicos cumple con su función social, aplica normas deontológicas y pone orden entre estos profesionales-, prestaciones a las que los ciudadanos tienen derecho, pero que en la práctica totalidad de los casos se ven obligados a reclamar ante los tribunales, lo que supone para el trabajador, además de una inversión económica importante que jamás recuperará -pues el INSS litiga ‘de pobre’ y no paga las costas de los centenares de litigios que pierde-, el tener que esperar del orden de dos años a ver satisfecho un derecho que le reconoce la Constitución Española y que se le cercena sin justificación alguna.

Un porcentaje muy elevado de las reclamaciones en materia de Incapacidad son reconocidas por los Juzgados de lo Social, siendo el INSS uno de los principales contribuyentes al retraso sistémico de dicho orden jurisdiccional.

En muchos casos, el INSS sostiene que el trabajador no presenta dolencia incapacitante alguna, mientras a menudo los facultativos de los servicios de prevención determinan su ineptitud física o psíquica -lo que provoca una situación diabólica para las empresas-, y todo ello para que finalmente los tribunales acaben reconociendo que dicho trabajador no puede ejercer su trabajo habitual, profesión de ninguna clase, o incluso que, además, precisa permanente ayuda de terceras personas.

A todo ello sumen una insuficiencia crónica en el número de funcionarios de dicho organismo, más la interposición de intangibles barreras para que el ciudadano de a pie -incluidos los profesionales- pueda ser atendido en condiciones, y, en el colmo de la ineficiencia, el retraso de meses para comenzar a abonar prestaciones que han sido reconocidas, mientras se obliga al beneficiario, literalmente, a ‘vivir del aire’.

En definitiva, nuestro sistema de protección social -otro día hablaremos de su vertiente sanitaria, que ese es otro universo plagado de baches- hace aguas por todas partes, sin que a nadie en el Gobierno de Pedro Sánchez parezca importarle lo más mínimo.