Las inmobiliarias reclaman que la orden de Fiscalía se aplique en todos los casos de okupas

"Desde ABSI estamos de acuerdo porque pensamos que la medida es imprescindible para cualquier ciudadano porque le protege ante este tipo de situaciones. En los últimos años hemos visto cómo viviendas vacías se ocupan de manera descontrolada creando una inseguridad jurídica y perjudicando enormemente a sus propietarios, que pagan sus impuestos por la tenencia de dicha propiedad. No solo se produce un allanamiento de morada sino que, además, el propietario se ve envuelto en un retraso en la resolución del conflicto que, en ocasiones, le supone más de un año y medio para resolver el problema por la vía penal o civil", asegura en un comunicado.

Además, tal y como apunta Gayà, presidente de la entidad, “habíamos detectado casos de personas que, pagando una hipoteca, han tenido que vivir en casas de familiares durante todo el proceso de recuperación de su vivienda. Incluso, una vez resuelto, se encontraban su propia vivienda en un estado deplorable e inutilizable suponiendo un gasto desmesurado para acondicionar los destrozos producidos”.

El movimiento okupa, además, supone un modelo de negocio ilícito porque se dan casos de okupación y realquiler de estos inmuebles. Una práctica delictiva que se debe perseguir y penalizar. Según la instrucción remitida ayer, se especifica en qué casos se puede echar a un “inquilino” ilegal de forma inmediata sin necesidad de acudir previamente a los Juzgados. Estos supuestos son cuando se trate de una primera o segunda residencia o de un establecimiento abierto al público u oficina. Desde ABSI piden que se amplíe a todos los supuestos.