La cuantía total, sumando todas estas actuaciones, supera los 22 millones de euros. Individualmente, la deuda más elevada afecta a un usuario que debe a Cort cerca de 50.000 euros a consecuencia de las 108 sanciones circulatorias que se han tramitado en su contra,
Así figura en un informe elaborado por la plataforma ciudadana 'Stop multes sense notificació' a partir de una base de datos interna que, en realidad, tal como reconoce la asociación, "no está completa, porque no disponemos de información de todos los afectados", puesto que, tal como recuerda la entidad, Cort no actualiza estos datos desde hace seis años, en 2017.
En cualquier caso, con estos números en la mano, la media de expedientes de multas sin notificación es de 2,26 procesos de sanción por usuario.
UN CIUDADANO ACUMULA 108 MULTAS Y DEBE CASI 50.000 EUROS
En cuanto a los importes, la deuda de mayor cuantía de todas las que ha logrado contabilizar la plataforma corresponde a un usuario al que el Consistorio le reclama casi 50.000 euros (exactamente, 49.850) como resultado de los 108 expedientes de multa que figuran en el proceso sancionador tramitado desde Cort.
Otro titular de vehículo, con 42 multas acumuladas, afronta un débito superior a los 15.000 euros (15.360),
De esta manera, siguiendo el contenido del informe realizado por esta plataforma ciudadana, el valor total de las imputaciones económicas por multas sin notificar se halla por encima de los 22 millones de euros (22.014.300,00).
SANCIONES NO NOTIFICADAS
La organización ha recordado que todos estos expedientes se refieren a sanciones que no han sido comunicadas en tiempo y forma y a usuarios que, en consecuencia, no recibieron en su momento la preceptiva notificación inicial por la comisión de una infracción viaria.
En el caso de que el proceso se hubiera desarrollado con normalidad, es decir, si se hubieran producido estas notificaciones, la plataforma estima que la cantidad anteriormente mencionada (22 millones) sería notablemente inferior, dado que las personas multadas hubieran podido sufragar sus sanciones beneficiándose de la cuota reducida, o bien presentar el correspondiente recurso, o, en otros supuestos, identificar al conductor que habría cometido la infracción.
Sin embargo, dado que la notificación inicial nunca les llegó, estos usuarios no tuvieron la oportunidad de acogerse al plazo de 20 días que marca la normativa para optar por alguna de las fórmulas mencionadas.
AVISOS SIN "CONSTANCIA FEHACIENTE" DE RECEPCIÓN
Por el contrario, Cort, aun sin disponer, como precisa la plataforma, de la "constancia fehaciente" de que los destinatarios de las multas habían sido notificados, ha procedido a incoar de forma masiva los expedientes sancionadores por no identificación del conductor.
En opinión de 'Stop multes sense notificació', la previsión es que todas estas cifras "vayan en aumento a medida que se recabe más información".
"CORT HA DE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD"
Ante esta situación, la plataforma ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que "asuma de una vez por todas, con valentía, su responsabilidad, en cuanto a los perjuicios y molestias que ha provocado", y acuerde, en este sentido, la cancelación de oficio de todos los expedientes y cargos por multas sin notificación en cuyo reparto haya intervenido la anterior empresa concesionaria, CI Postal, adjudicataria de este servicio entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2023.
Cabe recordar que esta firma valenciana se halla en el punto de mira de los afectados por estos expedientes no comunicados al haberse detectado numerosos errores en sus procedimientos. Actualmente, la distribución de las multas de tráfico impuestas por Cort ha sido asumida, provisionalmente, por la empresa pública Correos, a la espera de que se culmine el nuevo proceso de licitación del servicio.
RETROACCIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Fundamentalmente, la petición de la plataforma es que el Consistorio aplique la retroacción de todos los expedientes no notificados para que los plazos de pago puedan regresar al 'punto cero' con el objetivo de que los conductores y titulares de vehículos afectados tengan la ocasión de "recuperar los derechos que les asisten", en cuanto al pago reducido, la presentación de un recurso o la identificación de la persona responsable de la vulneración de la normativa circulatoria.
A este respecto, la organización ha insistido en que "no exige la eliminación de la sanción que el Ayuntamiento de Palma impuso en su momento, sino echar atrás cualquier perjuicio que esta situación de indefensión ha generado en todas estas personas".
COMUNICACIÓN DIGITAL
Al mismo tiempo, la entidad ha reclamado a la Administración municipal la puesta en marcha de mecanismos para el envío de este tipo de avisos por vía digital, ya se trate de SMS o de correos electrónicos, y ha puntualizado que este tipo de sistema de comunicación ya viene estipulado en la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo, más allá de que se puedan establecer, al mismo tiempo, otras fórmulas de notificación al ciudadano.
En torno a la vinculación presente y futura entre Cort y CI Postal, la postura de la plataforma es muy clara en cuanto a que "se debe rectificar, echar atrás o anular cualquier relación contractual o pago acordado mientras no se hayan esclarecido los detalles de este caso en sede judicial".
Paralelamente, la asociación ciudadana ha exigido la supresión de la aplicación automática de la sanción de denegación de identificación del conductor, que, a su juicio, el Consistorio está imponiendo "de mala fe, y con evidente perjuicio para el usuario".
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR
A partir de este tipo de resolución, la Administración reclama al titular del vehículo que comunique la identidad de la persona que se hallaba al volante en el momento en que se cometió la supuesta infracción.
Si no lo hace en el plazo previsto, se tramita una segunda sanción destinada a penalizar al propietario del turismo por haber hecho caso omiso a la petición de datos sobre el conductor.
Lógicamente, si la notificación inicial no se ha producido, el dueño del coche ignora completamente la apertura del expediente. El resultado es que la cuantía de la multa es claramente superior a la que inicialmente debería haber abonado el usuario, quien, además, pierde el derecho a pagar la multa con cuantía bonificada.
Finalmente, la plataforma ha recordado que la fórmula de sanción que reclaman "es la que se aplica en otras administraciones y ayuntamientos, de tal manera que los 20 días preceptivos para identificar al conductor sirven, en todo caso, para informar sobre un usuario diferente al titular en el caso de que, en efecto, se dé esta situación".
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