La Sindicatura de Comptes propone suprimir por "inoperante" la entidad local de Palmanyola

La Sindicatura expone en su informe que el objetivo de atender al cumplimiento de las directrices de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, exige prescindir de determinadas estructuras que, como es el caso, a su juicio, de la Entidad Local Menor de Palmanyola, se caracterizan por su falta de actuación y no justifican plenamente, en este sentido, el montante presupuestario que debe disponerse de las cuentas públicas para mantener su funcionamiento.

La creación del ente que representa a los vecinos de Palmanyola, núcleo residencial situado a medio camino entre los municipios de Palma y Bunyola pero perteneciente a este último término municipal, data, oficialmente, de 1985. El 3 de junio de ese año, tras dos años de intensas gestiones encabezadas por dirigentes vecinales de la localidad, el Consell de Mallorca aprobó la concesión de la declaración de Entidad Local Menor para Palmanyola. Ni antes ni después se ha tramitado la creación de ninguna otra administración de estas características en Mallorca.

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS

La principal finalidad que motivó la constitución de esta entidad estuvo relacionada, según sus promotores, con la necesidad de acercar la gestión municipal a los residentes de Palmanyola, una localidad que experimentó un espectacular auge demográfico a partir de finales de los años 70 y principios de los 80 al absorber la llegada de familias que buscaban alejarse de concentraciones urbanas más pobladas.

Un órgano de control del gasto público

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La distancia geográfica respecto al pueblo de Bunyola empujó a los promotores de la iniciativa a reclamar una sede municipal propia en Palmanyola que, a pesar de conservar los correspondientes lazos de dependencia respecto al Ayuntamiento, ejerciera competencias descentralizadas en diversos ámbitos de gestión.

Sin embargo, este objetivo inicial parece haberse diluido con el tiempo, y, en la actualidad, según señala el informe de la Sindicatura de Comptes, la Entidad Local Menor de Palmanyola se ha convertido en un organismo “inoperante” cuyo mantenimiento supone, a juicio del organismo fiscalizador, un gasto no justificado de recursos públicos.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS CON POCA ACTIVIDAD

No es el único ejemplo que cita la Sindicatura. El documento entregado recientemente al Parlament mete en este mismo saco a otras estructuras organizativas que, igualmente, estarían ejerciendo un nulo o muy escaso nivel de actividad: organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios. Y, al mismo tiempo, la Sindicatura sitúa el foco, a la hora de poner de manifiesto esta situación, en cuatro ayuntamientos mallorquines: Palma, Inca, Llucmajor y Petra, además de los consistorios de Ciutadella e Ibiza.

En su pormenorizado repaso al funcionamiento de las entidades locales durante el año de referencia, la SCIB hace mención a otras muchas recomendaciones que, a partir del criterio de sus expertos, contribuirían a optimizar la utilización del erario público y mejorar la eficacia de las administraciones. En conjunto, el documento recoge 16 puntos en los que, además de aconsejar la supresión de la Entidad Local Menor de Palmanyola, expone diversas consideraciones.

Uno de los aspectos valorados por la SCIB es la necesidad de elaborar unos presupuestos anuales consolidados que tengan en cuenta a las entidades dependientes o en las cuales participe la Corporación municipal. Este es un déficit que la Sindicatura atribuye, de forma especial, a los ayuntamientos de Palma, Calvià, Alcúdia, Marratxí y Sant Llorenç des Cardassar.

CUENTAS MUNICIPALES

En otro apartado, el organismo defiende que se revisen cada año los coeficientes de financiación de los proyectos para que sean coherentes con las previsiones de gastos e ingresos, una actuación que, según la Sindicatura, no contemplan suficientemente ayuntamientos como los de Palma e Inca.

Igualmente, la SCIB propone realizar la mejor estimación posible de la depreciación del patrimonio inmovilizado no financiero, incluso en el caso de que la entidad local no disponga de un inventario actualizado de sus bienes. Esta gestión errónea es atribuida específicamente a los ayuntamientos de Calvià, Artà, Bunyola y Escorca, además de la Mancomunitat del Raiguer.

A la vez, el organismo plantea que el presupuesto ha de ser elaborado como un instrumento clave en el control interno de la administración, tomando como referencia los objetivos que previamente se establezcan y aplicando una técnica presupuestaria que no sea únicamente incremental e incorpore, en cambio, elementos por resultados.

La SCIB sostiene también la necesidad de que las partidas municipales consolidadas sean objeto de la correspondiente divulgación pública para que se puedan conocer, a ciencia cierta y con detalle, los recursos destinados a entidades dependientes y adscritas. En este caso, la amonestación va dirigida a los ayuntamientos de Esporles, Felanitx, Inca, Manacor, Porreres, Sóller y Santa Maria del Camí.

REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL

La Sindicatura de Comptes se declara también partidaria de que el exceso de liquidez que se obtenga al cierre de un determinado ejercicio económico se destine a la reducción del importe de la deuda contraída o, en todo caso, a aligerar la presión fiscal que soportan los ciudadanos. Este criterio se echa en falta, según el informe, en las Administraciones locales de Calvià, Andratx, Capdepera, Campanet, Búger, Deià, Escorca, Santanyí, Sant Llorenç des Cardassar y Valldemossa.

Otro punto que el informe destaca es la eficiencia de la estructura administrativa, desde el punto de vista de que, tal como se expone en el documento, representa un coste elevado en determinados ayuntamientos. En concreto, se citan los casos de Llucmajor, Algaida, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Maria de la Salut, Selva y ses Salines.

Paralelamente, las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Comptes abordan la gestión de los recursos humanos en las administraciones municipales, defendiendo políticas que permitan la reducción del coste medio. Esta es una situación que, según el organismo, debe mejorarse sustancialmente en los ayuntamientos de Palma, Calvià, Capdepera, Sant Llorenç des Cardassar y ses Salines.

Por otra parte, el informe incide en la necesidad de que los consistorios profundicen en la posibilidad de prestar coordinadamente determinados servicios con municipios limítrofes, sobre todo en el caso de localidades de pequeñas dimensiones geográficas y poblacionales, como Búger, Costitx, Escorca y Maria de la Salut.