Inestabilidad y un futuro incierto para Baleares

Lejos de asegurar una estabilidad institucional, las elecciones generales del pasado domingo han abierto un periodo de incertidumbre que perjudica el normal desarrollo de las actividades de administraciones y empresas. El escenario surgido del 23J deja en el aire la formación de un nuevo gobierno bajo la premisa de que quien ha ganado las elecciones -el PP de Feijóo- no podrá gobernar, mientras que quien las ha perdido -el PSOE de Sánchez- podría reeditar ejecutivo si es capaz de orquestar acuerdos con un amplio y diverso panel de socios que van desde el PNV, Esquerra o Bildu hasta los independentistas de Puigdemont.

De no ser así, la alternativa son unas nuevas elecciones a final de año, un hecho que alejaría aún más cualquier escenario de estabilidad.

Los empresarios de las islas ya han expresado su preocupación por esta situación, a la que habría que añadir la incertidumbre que también se cierne sobre las propias instituciones públicas del archipiélago. Tras las elecciones del pasado mes de mayo, las nuevas administraciones baleares -Govern, consells y los principales ayuntamientos- han quedado en manos del PP, lo que supone que, de reeditarse un gobierno central presidido por Sánchez, muchos de los proyectos en los que interviene la administración central podrían verse afectados.

Que haya administraciones de diferente color político en Baleares y en Madrid es un impedimento para el normal desarrollo de las relaciones y para el establecimiento de acuerdos, convenios y planes de colaboración. El principal asunto sobre la mesa es la reclamación de una financiación justa, que compense plenamente la insularidad, y que es uno de los temas que la presidenta Prohens ha señalado como la principal asignatura pendiente y que deberá negociar con un ejecutivo central presumiblemente encabezado de nuevo por Sánchez.

Pero hay más temas, como las inversiones pendientes en Palma -el proyecto de tranvía que quiere reconducir Cort-, los planes de vivienda o la eliminación del bus-VAO que persigue el nuevo Consell de Mallorca presidido por Llorenç Galmés y que, al depender de la administración central a través de la DGT, podría convertirse en un tema enquistado durante un largo periodo de tiempo.