Se critica con razón la excesiva profesionalización de la política. En nuestro país un número creciente de sujetos nacen, crecen, se multiplican y en algunos casos casi llegan a morir dentro de la sede de un partido. No me refiero a los afiliados que acuden solícitos a la llamada de sus dirigentes para llenar un mitin o ensobrar papeletas en una campaña electoral. Estoy hablando de personas que encadenan sueldos públicos durante toda su vida laboral gracias a su militancia política.
No digo yo que algunos no lo merezcan porque prestan un valioso servicio a la sociedad. Pero convendrán conmigo en que, por una cuestión de higiene democrática, esa no debería ser la norma. Los manuales de derecho político nos enseñan que una de las funciones de los partidos políticos consiste en el "reclutamiento de élites", es decir, la selección de las personas que van a presentarse a las elecciones o van a ocupar cargos públicos. Esta es la teoría, pero la práctica también nos dice que a menudo funcionan como agencias de colocación.
Si no queda más remedio que admitir esta realidad, para que los partidos no se conviertan en sectas los ciudadanos exigen al menos una cierta rotación en los puestos. Los líderes políticos lo saben, de ahí su llamada a la sociedad civil y la apelación de muchos de ellos a la importancia de incorporar perfiles independientes en las listas. Se buscan personas con una trayectoria profesional desarrollada al margen de militancias partidistas. Esto viene siendo así desde los inicios de nuestra democracia. La novedad es que ahora se les recibe a ostia limpia.
Oriol Lafau es un prestigioso profesional de la sanidad pública que Francina Armengol decidió incluir en su lista autonómica. Al poco de hacerse pública su incorporación la portada del ¡Hola!con Ana Obregón en silla de ruedas portando un bebé en su regazo sacudió España. Comenzó entonces un debate a gritos sobre un tema tan complejo y sensible como la gestación subrogada. Pero a Mercedes Garrido, afiliada de hierro al PSIB-PSOE que precedía a Oriol Lafau en la lista, no se le ocurrió nada mejor que calificar de "violencia y explotación contras las mujeres" una decisión tan delicada como la que en su día tomó el señor Lafau y su pareja para poder ser progenitores.
La expresión de Garrido resulta brutal, no sólo porque supone banalizar la auténtica violencia y la explotación real que sufren las mujeres, sino porque introduce un juicio moral durísimo contra cualquier pareja que haya optado por este método. Garrido sentenció como bendice el Papa, urbi et orbe, sin atender a circunstancias personales. En menos de 24 horas Lafau renunció a su puesto en la candidatura socialista.
Esta semana Marga Prohens ha anunciado la incorporación de dos independientes en su lista autonómica, y la lluvia de improperios ha arreciado. Alejandro Sáez de San Pedro, gerente de ASIMA, publicó hace tiempo un tuit diciendo que en su casa las tareas domésticas las organizan él y su mujer, y no el Ministerio de Igualdad, y tamaña barbaridad le ha costado que le acusen de machista. La decana de la Facultad de Derecho de la UIB, Cristina Gil, ha mantenido opiniones críticas sobre la última reforma de la ley que regula el aborto en España, y eso la ha convertido en un elemento retrógrado y peligroso a vigilar incluso antes de resultar elegida.
Que un miembro disciplinado de la infantería socialista como Cosme Bonet salga de inmediato a criticar con dureza a los candidatos independientes del PP es triste, pero no sorprende. Bonet no ha hecho en su vida prácticamente nada más que pegar tiros desde la trinchera de su partido, quizá porque no sirve para otra cosa. Pero Francina Armengol, que también lleva un par de décadas como cargo público, es una política inteligente que conoce la dificultad de encontrar personas valiosas fuera del aparato de los partidos dispuestas a dar un paso adelante para dedicarse un tiempo a la política. Un poco nerviosa debe estar la presidenta para arremeter también ella personalmente contra esas incorporaciones del PP, cuando ya había probado esa medicina en su propia casa.
Está bien la transparencia, pero el escrutinio al que se somete a los actores de la cosa pública resulta a menudo insoportable, y por eso mismo desalentador. Exigir que las ideas u opiniones de los candidatos independientes coincidan históricamente y en su totalidad con los argumentarios de los partidos que los incorporan es una manera sutil de decirles que es mejor que se queden en su casa. Así no les salpicará el lodazal en que algunos han convertido la política, y en el que tan a gusto se mueven.