La Policía Local de Palma ha clausurado un local de Cala Major, en Palma, que opera con licencia de café-concierto pero que, en el momento de la intervención, mantenía una actividad más propia de discoteca de noche y que, sobre todo, no cumplía ni una sola norma antiCovid.
Además del elevado número de personas que se encontraban en el interior cuando llegaron las patrullas policiales -225 jóvenes frente al aforo máximo de 101- los agentes pudieron constatar los niveles disparados de concentración de CO2. La normativa antiCovid contempla un máximo de 800 ppm en interiores y el medidor obligatorio colocado en en local marcaba 5.000. Lo peor es que la cifra podría ser, en realidad, muy superior ya que el aparato sólo llega hasta los 5.000 ppm referenciados.
Ambos datos no son baladí. Lo que evidencian es que, durante horas, los asistentes estuvieron respirando un ambiente muy cargado, lo que aumenta potencialmente un hipotético contagio masivo en caso de que alguno de ellos esté contagiado de coronavirus.
A estas alturas de la pandemia ya sabemos que la expansión del virus entre la población joven no suele traducirse en problemas serios de salud para ellos pero sí para las personas más mayores de su entorno: sus padres, abuelos, compañeros de trabajo de familiares, etc. Ni siquiera con un 80 por ciento de población diana vacunada por completo hay que bajar la guardia porque, como ya se han hartado de repetir las autoridades, aún hay miles de adultos en Baleares que no se han inyectado la solución, bien por estar ilocalizables, bien por negarse a ello (16.000 personas, en este último caso). La de vacunación es alta pero insuficiente. Por tanto, el peligro sigue estando ahí.
Resulta del todo irresponsable que los propietarios o explotadores del negocio tensen tanto la cuerda. Ellos, a diferencia de los negocios del ocio nocturno sí pueden trabajar. Con restricciones, pero pueden abrir. Muchos otros continúan cerrados después de año y medio y sus expectativas son muy negras.
Más allá de la responsabilidad sanitaria -que debe prevalecer por muy buena que sea la evolución de la pandemia- existe la máxima de cumplir todos las normas para que no tengan que pagar justos por pecadores. La oferta de ocio ya ha sufrido -y sigue sufriendo- muchísimo como para que la irresponsabilidad de unos desaprensivos vuelva a activar las alertas sobre un colectivo.
En este punto, conviene aplaudir la decidida acción policial y la directriz de la administración de perseguir a aquellos que incumplen en vez de cerrar a cal y canto la actividad de toda una calle, como ha ocurrido en el pasado. Mejor un trabajo de bisturí que la condena a la quiebra de todos por igual.
