137 funcionarios de la administración de justicia en Baleares dejarán sus puestos de trabajo en las próximas dos semanas para trasladarse a la Península. Es un éxodo masivo que afecta a una décima parte de la plantilla de los administrativos que trabajan en la Justicia balear y que, de no cubrirse de forma inminente, tendrá un efecto demoledor en todos los procedimientos -presentes y futuros- puestos en marcha por los juzgados de las Islas.
El trasvase parte del concurso de traslados emprendido por el Ministerio de Justicia y afecta en total a los 176 funcionarios que han superado el concurso; así, mientras 39 de ellos han optado a ocupar puestos en otros destinos dentro de las Islas, los citados 137 prefieren partir hacia la Península. Los salarios ajustados y el alto nivel de vida de las Islas son los argumentos principales para decantarse por destinos en lugares donde encontrar una mayor estabilidad.
La huida afectará a todas las islas y a todas las áreas judiciales, desde la Audiencia Provincial, a los juzgados de Instrucción, Penal, Contencioso-Administrativo, Mercantil, Primera Instancia, Violencia sobre la Mujer, Vigilancia Penitenciaria, Decanato o los juzgados de Paz.
El traslado vuelve a situar el problema de la justicia en Baleares al nivel de hace dos años cuando se tuvieron que habilitar 300 nuevas plazas por oposición ganadas por muchos de los que ahora, abierto un concurso de traslados, huyen del archipiélago provocando una considerable reducción de unas plantillas ya bastante mermadas -de hecho, del total de 1.300 puestos, aún quedaban vacantes por cubrir incluso antes de la diáspora masiva que se producirá en dos semanas-.
El movimiento se traducirá en una mayor lentitud de todas las tramitaciones abundando en un mal endémico que afecta a la administración de Justicia, especialmente en Baleares, donde consolidar plantillas se ha vuelto una misión imposible.
La insularidad es una realidad geográfica inamovible cuyos efectos deberían ser compensados sobradamente. El caso de la justicia es el último ejemplo de sus efectos, pero la situación es extensible a muchos otros sectores y cuerpos de funcionarios. No solucionarlo de una forma definitiva condena a Baleares a sufrir una administración más inconsistente, menos ágil y, en este último caso, menos justa por los retrasos que acumularán los tribunales.
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