Horrach frente a la igualdad ante la ley

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha vuelto a oponerse de manera contundente a la imputación de la infanta Cristina por supuesto blanqueo de capitales. También cree que en el caso Nóos la infanta se ha beneficiado muchísimo menos que su marido Iñaki Urdangarin. Cristina forma parte del entramado societario que ha dado lugar al escándalo. Es copropietaria del palacete de Pedralbes supuestamente financiado con dinero público, en parte proviniente del autogobierno balear. Ha firmado como arrendadora y arrendataria de este palacete. La mujer de Diego Torres, socio de Urdangarin, ha sido imputada, igual que las esposas de otros acusados en diferentes casos y escándalos. Sin embargo, nada es lo mismo para la hija del Rey. Horrach no quiere ni que vaya a declarar. Es cierto que la estructura de Fiscalía está férreamente jerarquizada y que, a la postre, por mucho que se autorresponsabilice de lo que firma, Pedro Horrach está sujeto orgánicamente a las órdenes de sus superiores, llegando la escala de mando hasta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, designado por el Gobierno Rajoy. Es verdad también que nos hallamos ante un problema político de primer orden donde, según todos los indicios,  la razón de Estado se sitúa por encima del Código Penal. ¿Pero puede ubicarse esta razón de Estado por encima de la Constitución? Este es el dilema, es el auténtico nudo gordiano del caso Urdangarin-Cristina, ¿Es la sangre azul ligada por vínculos sanguíneos a la Jefatura del Estado una barrera infranqueable para la Carta Magna?  ¿Se convierte en papel mojado cuando debe penetrar en el vedado terreno de la Monarquía? Y si es así, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos? Ante este dilema, escuchemos a la madre Constitución: Artículo Primero, Punto Primero: "España se constituye en Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Artículo Catorce: "Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición y circunstancia personal o social". Sin Cristina, Urdangarin no habría podido ir a pedir ni cinco céntimos a nadie (sólo a Matas le sacó medio millón). Sin Cristina, Urdangarin sería ahora,a lo sumo, entrenador de balonmano. Cristina es el centro de este escándalo. Horrach la exculpa, teóricamente en nombre de la justícia que proclama la Constitución. ¿Hay quien lo entienda? ¿Lleva camino del enloquecimiento colectivo este país martirizado por la crisis, el paro y las guerra políticas que acaban en los tribunales si ya incluso se muestra incapaz de garantizar la igualdad ante la ley?