El PP quiere que Hila haga pagar a Penalva y Subirán las indemnizaciones

El pasado 22 de diciembre, el Tribunal que juzgaba el Caso Cursach absolvió de todos los delitos a los 15 acusados que aún quedaban en el banquillo. Antes del juicio, Fiscalía ya había retirado la acusación a una decena de personas y un año y medio antes, el Caso ORA -una subpieza de la macrocausa- era definitivamente archivada con la consiguiente exoneración del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, sus padres y su hermano.

La pesadilla judicial acababa entre lágrimas y reconocimientos de 'injusticia' por parte del fiscal anticorrupción Tomás Herranz, pero comenzaba la carrera por las peticiones de cárcel para los investigadores y las indemnizaciones por los daños morales y económicos que han sufrido como consecuencia del calvario judicial.

Sin embargo, en el caso de los funcionarios y agentes de Policía Local de Palma, al tratarse de personal del Ajuntament, serían las arcas públicas -o sea, los ciudadanos- quienes deberían costear las minutas de los abogados, además de compensarles por todo el tiempo que permanecieron suspendidos de empleo y sueldo. La cifra, según fuentes jurídicas consultadas, podría superar los tres millones de euros sumando los perjuicios causados a más de 40 policías y funcionarios, tanto en fase de instrucción como en el banquillo de los acusados.

EL PP QUIERE FORZAR A HILA A QUE EL AJUNTAMENT SE PERSONE COMO PERJUDICADO

Con este panorama, el PP quiere que el Ajuntament de Palma se presente como perjudicado en el proceso judicial ahora en marcha contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los antiguos miembros de Blanqueo de la Policía Nacional.

Ya lo habían solicitado en el último pleno municipal de 2022, al que llevaron una iniciativa similar, pero el Pacto de izquierdas la tumbó asegurando que "no se conocían los delitos que se imputaban a esas personas".

Un mes después, en el pleno de enero, cuando Fiscalía ya había concretado los delitos cometidos contra los funcionarios y policías locales, la excusa del alcalde José Hila fue que "el momento procesal para personarse es cuando se dicta sentencia, no antes".

Lo curioso es que el mismo alcalde sí decidió personarse como acusación contra sus propios funcionarios cuando estuvieron imputados. Es más, lo hizo sin conocer los delitos imputados al estar la causa "bajo secreto de sumario" ni por supuesto se espero a la sentencia absolutoria que llegó el pasado 22 de diciembre.

Por ello, el PP vuelve a la carga y ha registrado una nueva proposición para el próximo pleno en el que piden que el Ajuntament de Palma, "por coherencia y aplicación del mismo criterio", se persone como perjudicado contra los responsables de esos presuntos delitos contra los funcionarios y policías municipales.

"El Pleno del Ajuntament de Palma insta al Alcalde a que, en el ejercicio de sus atribuciones legales de dirección del gobierno y administración municipal y de Jefatura de la Policía Municipal, junto con su equipo de gobierno, el Ajuntament de Palma se persone como perjudicado en la causa que se instruye por presuntos delitos cometidos por funcionarios de los Ministerios de Justicia y del Interior y otras personas, contra funcionarios y policías, por las enormes consecuencias irreparables tanto personales, familiares y de salud de los empleados públicos, y de prestación del servicio y económicas para la ciudadanía de Palma", recoge el texto de la proposición del PP.

LOS POLICÍAS TAMBIÉN QUIEREN QUE PAGUEN PENALVA Y SUBIRÁN, NO LOS CIUDADANOS

Y no son los únicos que quieren que Penalva, Subirán y los policías asuman la factura millonaria. Los mismos agentes locales y funcionarios de Palma afectados por los anteriores exigen, por un lado, que el Consistorio se persone como afectado para reclamar esta alta cuantía a quien cometió los atropellos que ahora se enjuiciarán y, por otro lado, que el alcalde y la entonces regidora de Seguretat Ciutadana, José Hila y Angélica Pastor, respectivamente, dimitan.

Quieren que ambos dirigentes socialistas caigan por su "presunta colaboración en la instrucción judicial" impulsada por Penalva y Subirán "contra numerosos funcionarios municipales y ciudadanos que, mediante sentencia judicial, han resultado exonerados de numerosos delitos".

FISCALÍA PIDE MÁS DE 230 AÑOS PARA PENALVA Y SUBIRÁN

La proposición irá al siguiente pleno y obligará a Hila y su equipo a retratarse frente a sus propios funcionarios.

Mientras tanto, la causa judicial contra el exjuez y el exfiscal sigue adelante y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ya ha acordado abrir juicio oral contra el juez, el fiscal y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, José Luis García, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera. El magistrado Carlos Gómez afirma que hay indicios de delitos y criminalidad contra los acusados.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal les acusa de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales. El escrito aprecia actuaciones irregulares cometidas presuntamente en los casos Sancus (la génesis del caso Cursah), ORA e IME.

En detalle, la Fiscalía pide 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva, y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán.

Aunque aún no hay fecha para la celebración del juicio, este no debería tardar en señalarse. Probablemente sea antes de verano.