Hay una carta para ti

Rememorando el ya viejuno programa televisivo que presentaba Isabel Gemio a principios de siglo, el alcalde de Palma, José Hila, tiene una carta para usted, aunque no se la haga llegar.

El munícipe que padece nuestra ciudad no quiere dar su brazo a torcer y declarar de plano nulas y sin efecto todas estas sanciones cuyos expedientes siguen generando intereses y recargos a los ciudadanos, pese a que le consta que el acto administrativo original jamás fue notificado a sus destinatarios.

La tesis de Hila es la de que los ciudadanos tienen sobrados mecanismos de impugnación frente a las reclamaciones ejecutivas e injustos embargos con que la ATIB, que tiene privatizado el servicio de recaudación, les obsequia.
Por cierto, algún día habrá que hablar también de este pingüe y escandaloso negocio que un particular bien conocido tiene montado a cuenta de nuestras administraciones locales aprovechando la escasa capacidad recaudatoria de estas y la nula voluntad de los políticos por resolver esta cuestión.

Pero volvamos a las cartas extraviadas del alcalde, que han aparecido a miles en torrentes y solares de nuestra ciudad, porque los explotados trabajadores de la concesionaria los arrojaban -cometiendo un delito- al no poder cumplir con el absurdo rendimiento exigido por su empresa.

Lo que Hila propone es, nada menos, que el ciudadano perjudicado por semejante iniquidad acabe interponiendo un recurso contencioso administrativo, es decir, que acuda a una jurisdicción cuyo retraso endémico ya va por los tres años, de manera que, yéndole bien, obtendría un primer pronunciamiento judicial en 2025 o 2026, con el que podría solicitar la devolución de lo pagado o embargado -pues en el orden contencioso administrativo rige el principio solve et repete, es decir, paga y recurre-, sus intereses y, con bastante suerte, las costas, que difícilmente cubrirán el importe de lo realmente invertido en honorarios de su abogado y, en su caso, del procurador.

Obviamente, también podría accionarse contra Cort por su grosera vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, por ciscarse en la intimidad de los palmesanos, y por consentir que los datos económicos y personales de miles de ellos acaben desperdigados y a disposición de cualquier curioso.

En suma, nuestro alcalde no anula de oficio estas sanciones por la sencilla razón de que él, que es de formación economista, ha hecho un cálculo de riesgos económicos.
Pese a que conoce perfectamente que esta notificaciones son, todas ellas, nulas de pleno derecho y que, además, las infracciones a las que se refieren estarán hoy en su mayoría, prescritas, José Hila sabe que solo un porcentaje muy pequeño de los sancionados tendrá los recursos, las agallas y la presencia de ánimo suficientes para llevar a Cort ante los Tribunales, a veces por unas decenas o centenares de euros.
De esta manera, Hila y su tosca -y escasamente democrática- manera de interpretar los derechos de los ciudadanos ya han salido ganando. La caja siempre gana.

Si el ayuntamiento reconociera la nulidad de todas estas sanciones -como cabal y honestamente debería hacer-, lo que ocurriría sería que, salvo en el caso residual de aquellas que no hubieran prescrito todavía, no podría reiniciar los expedientes y, en consecuencia perdería definitivamente lo recaudado. También perdería su parte en la tajada el recaudador ejecutivo, segundo interesado en sostenella y no enmendalla.

En suma, a José Hila los derechos de los ciudadanos se la traen al pairo, anteponiendo a estos una escandalosa arbitrariedad que le ha proporcionado un rédito económico que le va a ir de perlas para hacer frente a su próxima campaña electoral.

Pero el chiste no acaba aquí. Este pasado mes de septiembre, cuando ya se sabía la clase de concesionario con el que Cort estaba tratando, el inefable concejal al cargo, Alberto Jarabo, prorrogó el contrato a CI Postal porque su área de gobierno ni siquiera es capaz de preparar, en plazo, un pliego de condiciones para echar fuera a la empresa causante en último término de este desaguisado, a la que ningún responsable municipal, por lo visto, evaluó jamás su solvencia técnica, algo que la Ley de Contratos exige taxativamente antes de hacer una adjudicación. No basta con que se haga la oferta más económica, el contratista debe ser capaz técnicamente de cumplir con las condiciones que exige la prestación contratada. Y en este caso es más que evidente que no era así.

En definitiva, si los repartidores de CI Postal han de seguir haciendo entrega de 1.000 notificaciones diarias durante los próximos meses, ya pueden suponer que muchas de estas acabarán en los lugares más insospechados, menos en el domicilio de sus destinatarios.

Hila y la troupe de insolventes políticos que okupa el Ajuntament de Palma ya han anunciado que el próximo ejercicio se va a doblar la recaudación por sanciones.

Ya saben ustedes cómo.