La aplicación del descuento del 75 por ciento en los vuelos realizados por los residentes baleares ha resultado un gran engaño. Los datos demuestran que las aerolíneas han aumentado notablemente los precios a la vez que han aplicado una doble tarifa a un mismo trayecto dependiendo de si el que vuela lo hace desde Baleares o desde la Península.
Las cifras del estudio realizado por la asociación de agencias de viajes, Aviba, demuestran lo que ya era un comentario generalizado. Las compañías han incrementado un 27 por ciento el precio de los vuelos en los trayectos con las Islas desde que en julio pasado se empezó a aplicar la bonificación del 75 por ciento a los residentes. La aplicación de este descuento era una reivindicación largamente reclamada por la sociedad balear, harta de la discriminación en materia de transportes. Su consecución fue un éxito que debía facilitar las conexiones con la Península, pero que ha acabado siendo un magnífico negocio para las compañías aéreas, sufragado con el dinero de todos los contribuyentes españoles y sin que apenas se note ninguna rebaja para los insulares. En algunos casos recogidos en el estudio, el mismo trayecto cuesta hasta cinco veces más si lo realiza un ciudadano balear, de forma que una vez aplicado el descuento viene a resultar un precio similar al abonado por un no residente desde la Península.
Palabras como timo, robo o malversación no han tardado en aparecer en las redes, tan sensibles a los gastos realizados con el dinero de todos
La situación se agrava en fechas como los puentes o las vacaciones de Navidad, cuando los baleares suelen viajar a la Península. El escenario podría calificarse de tomadura de pelo si no constituyera un flagrante fraude del objetivo inicial de las bonificaciones y una gran injusticia hacia quienes soportan el coste de vivir en una isla.
En nada parecen haber quedado los anuncios que tanto el Govern como el Ministerio de Fomento hicieron en verano avisando de que estarían vigilantes sobre cualquier incremento de tarifas no justificado. Al final, las compañías han salido ganando al incrementar la oferta de asientos, vender más trayectos y embolsarse la subvención, escudándose en que el mercado sube los precios cuando hay más de demanda.
La situación resulta intolerable y exige una reacción inmediata por parte de la administración. Hay que investigar el alcance real del negocio extra que están realizando las aerolíneas a costa del dinero público y adoptar medidas legales para atajar el grave perjuicio que sufren no sólo los residentes baleares, sino también el conjunto de ciudadanos que contribuyen a la hacienda común de la que se nutre el descuento. Palabras como timo, robo o malversación no han tardado en aparecer en las redes, tan sensibles a los gastos realizados con el dinero de todos. Es por ello que la administración no puede permitir que el asunto quede sin aclarar; debe actuar penalmente si hace falta y asegurar que se retorna a una situación en la que los beneficiados sean los ciudadanos.