Hasta la coronilla (2)

El pasado jueves día 26 se demostró una vez más que el viejo refrán de “El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez”, sigue tan vigente y tan activo como siempre. Los jubilados y pensionistas españoles volvimos a dar una demostración de fe, una demostración de fuerza y una demostración de buen hacer, manifestándonos y concentrándonos en todas las capitales de provincia y ciudades importantes de todo el País coordinadamente y a la misma hora, unos delante de las oficinas del INNS y otros delante de las delegaciones del gobierno reclamando nuestros derechos.

No por sabido es menos dolorosa la actitud del gobierno del Partido Popular que no solo recorta derechos, sino que ignora nuestra existencia y además nos amordaza con sus leyes, limitando drásticamente nuestra libertad de manifestación y de expresión.

No por sabido es menos cierto que el Partido Popular pretende seguir aplicando sus políticas económicas en contra de la mayoría social favoreciendo como ha hecho hasta ahora los intereses de una minoría, de la banca, de las autopistas, de las eléctricas.

No por sabido es menos cierto que el Partido Popular recorta en servicios sociales, condena y precariza con sus reformas, envía al exilio económico a los jóvenes y a los pensionistas los empobrece y asigna año tras año pensiones de miseria.

No por sabido es menos cierto que al partido Popular no le importa lo más mínimo la calidad de vida del colectivo de personas mayores, menos aun de lo poco que le importa la calidad de vida del resto de ciudadanos.

No por sabido es menos cierto que las nefastas y antisociales reformas de los años 2011 y 2012 nos han llevado a los pensionistas a un callejón sin salida, ya que año tras año sufrimos el detrimento y el deterioro de nuestros derechos sociales y económicos, por lo que seguimos exigiendo la revalorización de nuestras pensiones con arreglo al IPC real de la economía interanual, derecho que nos han robado junto a la hucha de pensiones, saqueada y vaciada hasta prácticamente su extinción, al amparo de una opacidad total e ilegal en su gestión.

No por sabido es menos cierto que el gobierno del Partido Popular hace depender el pago de nuestras pensiones de una línea de crédito endosada como una deuda a la Seguridad Social, con un claro interés, hundir las pensiones públicas y favorecer las pensiones privadas como antes favoreció a la banca con su rescate que toda la ciudadanía estamos pagando.

Hemos salido a la calle para demostrar que de cada día somos más los que estamos dispuestos a luchar y que somos más los que estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestros intereses y a la vez los intereses de los jubilados y pensionistas del futuro con la misma fuerza y el mismo vigor que años atrás defendimos la implantación de un estado del bienestar para todos.

Exigimos mantener el actual sistema de reparto, las pensiones como un derecho constitucional que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los posibles déficit del sistema; exigimos retomar de nuevo la jubilación a los 65 años, la jubilación sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años, y la eliminación de toda discriminación que actualmente vulnera los derechos humanos de la mujer.

Fue el nefasto Pacto de Toledo que creó el fondo de reserva. Se creó para que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales excediera del gasto en pensiones se constituyera un fondo para que sirviera para financiar el déficit cuando los términos se inviertan.

Que no nos mientan más, no es este fondo al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.

Que no nos mientan más, el gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3% y Portugal nos acaba de dar una lección de realidad aumentando de nuevo las pensiones públicas.

Lo dicho, como para tomar ejemplo.