Las restricciones para que las grandes superficies puedan abrir en Palma determinados festivos estas Navidades vuelve a poner sobre la mesa la contradicción existente entre los intereses de determinados sectores comerciales y las necesidades de los consumidores. De entrada, el conflicto se plantea para el próximo 31 de diciembre y alcanza al 7 de enero -primer día de rebajas-, ambos domingos y ambos señalados como días de cierre para las grandes superficies en la capital balear.
Los 410.000 habitantes de Palma son los principales perjudicados de una situación que parte de las decisiones adoptadas por la Mesa de Comerç en la anterior legislatura, cuando se aprobó que en 2023 habría un número máximo de diez días festivos en los que se permitiría la libre apertura, sin que entre estas fechas estuvieran el 31 de diciembre y el 7 de enero. A favor de esta decisión se posicionaron las patronales del pequeño comercio; en contra las grandes superficies y empresas de distribución, además de la asociación de consumidores.
El acuerdo permitía que cada ayuntamiento pudiera intercambiar las fechas, lo que hicieron Marratxí, Inca, Manacor o Andratx, que sí abrirán estas fechas a cambio de cerrar en otras. Palma, por su parte, optó por mantener la prohibición, obligando a sus ciudadanos a hacer las inevitables compras de última hora en otro municipio.
La situación, que limita las opciones de los ciudadanos en unas fechas claves para el consumo, es inédita en España. Ninguna capital cerrará los grandes comercios estos domingos tal y cómo sí lo hará Palma en plenas Navidades.
Convendría que para decidir los diez días de apertura comercial, se tenga en cuenta principalmente el criterio de interés para los consumidores; para ello es importante que los grandes comercios no tengan que cerrar dos días consecutivos y que se respeten los períodos de tanta demanda como son el inicio de rebajas y las Navidades.