En Baleares, hay un déficit de 4.285 plazas de residencias para personas mayores para cumplir el estándar recomendado de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años. A nivel estatal, se requieren 85.814 plazas adicionales para cumplir con el estándar recomendado.
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en Baleares hay un déficit de 4.285 plazas de residencias para alcanzar el estándar recomendado de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años.
En 2022, se contabilizaron 5.694 plazas disponibles en las islas, lo que representa un aumento del 2,5 % en comparación con el año anterior. De estas plazas, el 67 % son públicas (3.815) y el 33 % son privadas (1.879).
En Baleares, solo hay un 1,9 % de plazas privadas y un 0,9 % de plazas públicas para la población de mayores de 65 años, lo cual es mucho menos que el estándar recomendado del 5 %. En total, esto representa solo un 2,85 % de las plazas necesarias.
La entidad denuncia a nivel estatal que, a pesar del aumento de plazas residenciales en los años posteriores a la pandemia, su déficit continúa creciendo y se requieren 85.814 plazas adicionales para cumplir con el estándar de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
El informe más reciente del Imserso sobre recursos residenciales ha sido analizado por la asociación. Según este informe, las plazas para mayores de 65 años aumentaron en 9.541 entre 2021 y 2022, llegando a un total de 198.575 plazas. Por otro lado, la población de ese grupo de edad creció en 380.575 personas.
Un incremento del 4,11 % ha llevado a que la cifra de plazas necesarias para cubrir la ratio del 5 % en 2014 pase de 53.103 a 85.814, según sus cálculos.
Al menos se requerirían 30,000 plazas para satisfacer completamente la demanda de personas con dependencia severa (grado II) o grandes dependientes (grado III).
Castilla y León, con un superávit de 17.234, es una de las únicas autonomías que cumplen la ratio de plazas. También se encuentran dentro de este grupo Castilla-La Mancha, con 7.010 plazas; Aragón, con 5.043 plazas; Extremadura, con 3.888 plazas; Asturias, con 1.274 plazas, y La Rioja, con 37 plazas. Por otro lado, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con el mayor déficit de plazas, alcanzando los 32.670. Le siguen en la lista la Comunidad Valenciana, con un déficit de 24.843 plazas, y Galicia, con un déficit de 13.850 plazas.
Hasta el momento, se ha alcanzado una ratio de 2,79 por cada 100 mayores de 65 años, lo cual implica un ligero aumento en comparación con los niveles de 2015. Además, un 67,9 % de las plazas son de financiación pública, incluyendo las concertadas en privados o las financiadas con la prestación vinculada al servicio.
Castilla y León y Castilla-La Mancha son las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública en este caso, seguidas de Extremadura y Aragón. En cambio, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana son las autonomías con menos plazas de financiación pública.