Gual de Torrella, presunción de inocencia y explicaciones públicas

Al terremoto judicial que supuso hace una semana el registro policial de las sedes de la Autoritat Portuària de Balears y la detención de su cúpula, ha seguido una ristra de declaraciones de los partidos políticos exigiendo, en la mayoría de los casos, el cese inmediato del presidente de la APB, Juan Gual de Torrella. Todos los partidos se han pronunciado sobre el asunto, a excepción del PSOE, que ha preferido ampararse en la presunción de inocencia para aplazar una toma de posición.

Este miércoles, Gual de Torrella relató ante el consejo de administración de la APB los pormenores de su detención a la vez que descartó dimitir del cargo, decidido a "defender su honestidad". El presidente de la entidad es el principal investigado en la causa abierta por el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se investiga la presunta corrupción en un concurso de amarres que tuvo lugar en 2018 en el puerto de Maó y se analizan otras posibles irregularidades en Ibiza.

La causa ha sido declarada secreta, aunque el despliegue de medios policiales y la duración de los registros concitaron toda la atención mediática, avanzando lo que posteriormente sería el goteo de declaraciones políticas. En esta fase, cabe conceder a los investigados el beneficio de la presunción de inocencia, con idéntico criterio al que debería haberse aplicado en multitud de casos anteriores que conocieron condenas públicas prematuras, aunque posteriormente los tribunales dieran carpetazo al tema, cuando el daño -moral y, a veces, económico- ya estaba hecho.

Tampoco Gual de Torrella se ha salvado de la exigencia de responsabilidades inmediatas, en un proceso en el que llaman la atención las peticiones de los propios socios del PSOE en el Govern: Més y Podemos. Ambos se han embarcado en reclamar el cese del presidente de la APB a la presidenta Armengol, a quien señalan ahora como única valedora de Gual de Torrella, y sin que haya constancia de los representantes de Més y Podemos en el consejo de administración de la APB hicieran tal reclamación en la reunión del miércoles.

Para Gual, el camino judicial se puede presentar largo y la presión, creciente. La misma presión que los socios de Armengol trasladan a la presidenta y ante la que ella se desmarca señalando que cualquier decisión corresponderá al Govern en su conjunto. La opción de una mayor explicación pública en sede parlamentaria podría aliviar esta presión. De momento, el todavía presidente de la APB ha señalado que tiene pendiente reunirse con cargos del Govern balear, entre ellos el actual conseller de Movilidad y expresidente del Consell de Menorca, Marc Pons.

La transparencia de las actuaciones públicas no sólo no es incompatible con el secreto de las actuaciones judiciales, sino que es una exigencia en circunstancias como las que afectan a la Autoritat Portuària, una entidad que ya conoció otros sonoros casos de corrupción. Nada mejor cuando se invoca la presunción de inocencia que ofrecer cuántos más detalles mejor para hacer creíble una posible exculpación.