El pasado 2 de diciembre entró en vigor la plataforma SES.HOSPEDAJES, diseñada para que los viajeros aporten sus datos al realizar el check-in en cualquier establecimiento turístico o de alquiler de coches, bajo la premisa del Ministerio del Interior de aumentar la seguridad. Desde entonces, las voces críticas no han cesado, argumentando que esta normativa impone una sobrecarga administrativa y plantea, sobre todo, riesgos en la protección de datos personales.
Pedro Fiol, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), ha afirmado en una entrevista con mallorcadiario.com que el malestar en países como Reino Unido y Alemania es considerable. "El enfado es mayúsculo", ha asegurado. Fiol ha agregado que muchas agencias de estos destinos se están replanteando "viajar a España en el futuro". Fiol ha criticado que España sea el único país de la Unión Europea que ha decidido implementar este tipo de registro, y señala que esta medida choca con el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que entrará en vigor a mediados de 2025.
El sistema ETIAS requerirá que los viajeros rellenen información básica antes de entrar en otro país europeo, lo que, según Fiol, hace redundante el registro español. "No tiene ninguna lógica", ha afirmado, calificando la normativa como “un retroceso en la gestión del turismo”.
El malestar no se limita al ámbito internacional. Desde AVIBA se advierte que las agencias nacionales ya están comenzando a comunicar que dejarán de comercializar destinos españoles, incluido el programa de turismo del Imserso. Las razones se deben a las dificultades operativas y los riesgos de seguridad asociados al registro. "Se pierde mucho tiempo cumplimentando los datos solicitados. Si la reserva de un hotel lleva un minuto, rellenar los datos de esta aplicación supone al menos 30 minutos, sin contar los constantes colapsos y bloqueos del sistema", ha explicado Fiol.
Otra de las preocupaciones principales es la vulnerabilidad de los datos personales recopilados por la plataforma. Desde AVIBA se ha advertido que "algunas agencias de viaje han decidido dejar de ofrecer productos nacionales" debido a los riesgos de ciberseguridad. "Si incluso el Estado español ha sido vulnerable a ciberataques en los últimos años, a pesar de contar con un alto nivel de seguridad, no se puede esperar que la empresa privada alcance un nivel más elevado para proteger los datos más vulnerables de sus clientes", han señalado asociados a la junta directiva de la patronal.
ESTRENO CAÓTICO
El primer día de funcionamiento fue “caótico” para el sector. Fiol alertó de que la aplicación estaba “sufriendo problemas” y “bloqueándose”, lo que impedía la recopilación efectiva de datos. Estos fallos técnicos iniciales confirmaron las preocupaciones que las empresas del sector ya habían planteado al Ministerio del Interior antes de la implementación. "No podemos ser los responsables de preservar estos datos tan sensibles, las empresas no podemos ser los responsables porque no tenemos un nivel de protección tan elevado".
Desde el Ministerio se ha ofrecido una visión opuesta. En un comunicado emitido tras el puente de la Constitución, han asegurado que la aplicación había funcionado “con plena normalidad y sin incidencias”, destacando que más de 112.000 establecimientos habían registrado actividad durante el fin de semana, con 1,4 millones de datos procesados durante estos primeros días. Fiol en este sentido no se ha mordido la lengua y ha asegurado a mallorcadiario.com que estos datos "no son reales", ya que los paquetes para el puente de la Constitución "hace tiempo que estaban vendidos y la información estaba más que tramitada". El presidente de AVIBA ha afirmado que estos datos "engañan a la población y no son la realidad de la aplicación". "Hemos comunicado numerosas incidencias al correo planteado por el ministerio en la última semana y nunca hemos obtenido respuesta" ha sentenciado.
Los actores principales del turismo en Baleares han expresado su preocupación ante esta normativa. María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ha calificado el Real Decreto 933/2021 como una fuente de “inseguridad jurídica”. Según Frontera, la recopilación de datos personales, como información sobre transacciones económicas y contratos, supone “una injerencia en la intimidad del cliente” y requiere un alto grado de protección, exponiendo a las empresas a riesgos legales y posibles sanciones en caso de filtraciones.
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
Por su parte, Pedro Fiol ha advertido que algunas agencias internacionales ya están dejando de recomendar España como destino, optando por alternativas con regulaciones menos estrictas. Este impacto podría traducirse en una pérdida de competitividad para el sector turístico nacional. "Hay clientes que han decidido dejar de ofrecer producto nacional por el riesgo que puede acarrear recopilar estos datos".
El Ministerio del Interior y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, defienden la norma como una herramienta esencial para prevenir el terrorismo y la delincuencia organizada. Sánchez ha asegurado que esta medida cumple con las normativas europeas de protección de datos y que los cambios introducidos son mínimos, pasando de recopilar 11 a 13 datos.
A pesar de estas declaraciones, el sector turístico insiste en que esta normativa añade una carga innecesaria a las empresas y plantea riesgos significativos para la privacidad de los clientes. Datos como la transacción económica, el número y fecha del contrato y la identificación del pago. "No son 13, son muchos más y muy delicados" aseguran.
La desestacionalización producida en este 2024 ha llevado a que un número significativo de hoteles permanezcan abiertos durante el puente de la Constitución. En Palma, el 80 por ciento de los hoteles afiliados a la Asociación Hotelera de la capital han mantenido su actividad, y muchos han reportado incidencias relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. María Frontera ha recomendado a los hoteleros “documentar cualquier problema técnico para protegerse ante posibles sanciones”.
Además del impacto local, la normativa está afectando la percepción de España como destino turístico en el extranjero. Fiol ha señalado que la rigidez del “Gran Hermano turístico” está alejando a ciertos mercados internacionales, una tendencia preocupante para un país que depende en gran medida del turismo.
El nuevo registro de viajeros representa un esfuerzo por equilibrar la seguridad nacional con la operatividad del sector turístico. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta vital contra el crimen organizado, el sector demanda ajustes que reduzcan la carga administrativa y protejan la privacidad de los viajeros.
Actualmente, España es el único país que aplica este nivel de solicitud de información a los turistas.