El director general del IBsalut, Juli Fuster, formaliza este lunes su dimisión después de que el TSJIB condenase al Govern porque Fuster no se abstuvo de participar en el proceso de selección de funcionarios al que se presentaba su hija. La justicia actuó tras la denuncia de uno de los participantes en el proceso de selección cuyo examen no se llegó a evaluar. Ante esta situación, la renuncia de Fuster ha sido tajante e inmediata.
El segundo de la Conselleria de Salut -tras su esposa, la consellera Patricia Gómez- no ha dado opción, como ha ocurrido en otros casos, a que la polémica se enquiste hasta alcanzar niveles de escándalo. Su salida zanja toda opción a que la tormenta política que se anunciaba el mismo viernes llegue a desatarse, revelando una decisión coherente con los niveles de ejemplaridad política exigibles a los representantes públicos.
Los propios socios del PSIB en el Pacte de Govern habían expresado su incomodidad ante un posible cierre de filas en torno a la figura de Fuster. Tanto Més como Podemos ya purgaron con ceses, dimisiones o renuncia a pluses los diferentes casos que les han salpicado durante los siete años en las principales instituciones baleares. El PSIB, en cambio, apenas hizo unos leves intercambios de caras en los casos que le afectaban: no hubo consecuencias en los casos de altos cargos vacunados contra la Covid saltándose la cola -aunque Anticorrupción aún debe pronunciarse-, ni se produjo ninguna salida de responsables en el caso de las menores prostituidas mientras estaban a cargo del IMAS -su presidente fue ascendido a conseller de Presidencia-.
Ahora, a menos de un año de elecciones, el Govern ha preferido no arriesgarse a un inevitable desgaste político, dentro y fuera del Pacte, y optar por una solución que no ponga en cuestión el cumplimiento de código ético que el propio Pacte se impuso, en un área de gobierno, además, que aún sobrelleva una gran carga de trabajo por causas de la pandemia. Fuster ha actuado correctamente al presentar su dimisión en tiempo y forma, aunque para ello se haya tenido que pronunciar previamente la Justicia.
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