Baleares exige a Madrid cobrar el IVA de 2017 y desligarlo del incremento de déficit

La mayoría de Comunidades Autónomas que han acudido este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre ellas Baleares, han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo del déficit del 0,2 por ciento del PIB que les ha ofrecido el Ministerio de Hacienda para este año, al entender que se trata de dos conceptos diferentes y que no se pueden compensar.

En esta línea se ha expresado la consellera balear de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern, la socialista Rosario Sánchez, quien ha dejado claro que "el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber abonado en 2019". El Ejecutivo encabezado por Francina Armengol es una de las administraciones autonómicas que no descarta la vía judicial para reclamar este cobro. Así lo ha reconocido Sánchez quien, en cualquier caso, ha señalado que, en este momento, el gabinete balear prioriza la vía política.

APROBADA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL DÉFICIT

Cabe remarcar que, finalmente, el Consejo ha aprobado situar el objetivo de déficit autonómico en el 0,2 por ciento del PIB para 2020 con el voto favorable del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, mientras que se han opuesto las lideradas por el PP.

La propuesta ha sido ratificada con once votos a favor, los de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Melilla, además del Ministerio de Hacienda. Todas esas comunidades cuentan con gobiernos encabezados por el PSOE, salvo Cantabria, cuyo poder ejecutivo lidera el Partido Regionalista.

En contra se han registrado seis votos, los de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta.

MADRID Y GALICIA

En términos parecidos a la consellera balear Rosario Sánchez se han manifestado los 'populares' Javier Fernández-Lasquetty, de la Comunidad de Madrid, y el gallego Valeriano Martínez. El primero ha criticado que en la reunión preparatoria del CPFF no se haya avanzado en la flexibilización del objetivo de déficit, y, en cambio, se haya filtrado después a los medios de comunciación. Según sus palabras, el gobierno madrileño "no quiere poder endeudarse más", sino "cobrar los fondos" que le corresponden.

El consejero madrileño ha aprovechado, además, para censurar la negociación del Gobierno con Cataluña, que ha calificado de conversación "bilateral con los independentistas catalanes para darles dinero cuando lo que quieren es la independencia".

Por su parte, Valeriano Martínez ha recalcado que el pago del IVA y el objetivo del déficit son "conceptos distintos", y que, además, "permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA suponían recaudación". En este mismo sentido, ha incidido en el hecho de que "no hace falta saber mucho de economía. Se nos está permitiendo deuda, pero los recursos en origen no lo eran. Esto hay que devolverlo, y devolver lo que era nuestro en origen no es lo mismo".

ANDALUCÍA Y MURCIA

Siguiendo con las valoraciones de los representantes autonómicos, el andaluz Juan Bravo, del PP, ha reclamado también una solución para el IVA de 2017, y ha insistido en la idea de desligarlo del déficit. Bravo ha criticado que se permita endeudarse a las comunidades autónomas con cantidades económicas que "tendrán que pagar las futuras generaciones".

Estos argumentos han sido compartidos por el también 'popular' Javier Celdrán, de Murcia, quien considera que esta medida "paliativa" corresponde a una maniobra del Ejecutivo para "contentar" a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que se han declarado "en rebeldía" por el IVA.

Por ello, Celdrán se ha mostrado en línea con el resto de dirigentes del PP que han acudido a esta reunión del Consejo de Político Fiscal y Financiero, y ha censurado esta medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, que bajo su criterio es "insuficiente", habida cuenta de que, a su juicio, el problema es la falta de financiación.

COMUNIDADES DEL PSOE

También las comunidades gobernadas por el PSOE han llegado dispuestas a reclamar el IVA, pero se han mostrado más confiadas en que la política solucione el debate. La asturiana Ana Cárcaba ha dicho que espera escuchar a la ministra antes de opinar sobre el 0,2 de déficit o el IVA, aunque ha apuntado que "cualquier medida que sea capaz de compensar será bienvenida".

El también socialista Vicent Soler (Comunidad Valenciana) ha tachado de "cambio sustancial" que se permita a las comunidades endeudarse un 0,2 por ciento frente a la "política austericida" del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Si se confirma esa cifra, es un paso adelante", ha señalado.

Soler también ha separado el cobro del IVA de 2017 de esta propuesta de déficit por parte del Ministerio de Hacienda, pero se ha mostrado menos beligerante que otros consejeros; en su opinión, en el caso de que se puedan sumar ambas actuaciones, "sería estupendo".

Desde Castilla La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina ha desvinculado también ambas cosas, y ha insistido en exigir al Ministerio de Hacienda "la deuda" que mantiene con su Comunidad respecto al IVA de 2017. Su gobierno ha decidido llevar el asunto a los tribunales.

No obstante, Ruiz Molina ha aplaudido la propuesta de aumentar el déficit el 0,2 por ciento, porque considera que se permite a las comunidades alcanzar una situación de equilibrio presupuestario.

CATALUÑA

Por su parte, la directora de Economía de la Generalitat catalana, Natàlia Mas, ha representado al Ejecutivo que preside Quim Torra en el CPFF, pero ha tenido que hacerlo sin voz ni voto al no ser consellera. Con respecto al IVA, ha indicado que espera escuchar las explicaciones de la ministra de Hacienda, porque, según ha señalado, las comunidades quieren recibir "recursos que les corresponden y que se retienen de forma irregular".

Mas ha criticado la convocatoria del Consejo con dos días de antelación y sin compartir previamente información, y ha remarcado que cualquier ampliación del margen de déficit "sería una mejora" para las comunidades. No obstante, el problema, a su juicio, sigue siendo la distribución entre administraciones del objetivo total del país, que obliga a las CCAA a efectuar más restricciones.

La directora de Economía de la Generalitat ha afirmado también que Cataluña reclama otras cuestiones más allá del déficit, en referencia a ingresos que el Gobierno del Estado "debería abonar" a su Comunidad para pagar a la policía autonómica, sufragar las ayudas de la dependencia y materializar las inversiones previstas en el Estatut.