El Govern prevé entregar 747 VPO antes de elecciones

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, han puesto la primera piedra de las dos primeras promociones de vivienda pública para alquiler social que se construirán en Marratxí, con 34 viviendas que estarán finalizadas en abril de 2023.

El proyecto tiene un presupuesto de 3 millones de euros y se construirá en dos solares de la calle Juli Ramis que ha cedido el Ayuntamiento, una cesión que Armengol ha agradecido este lunes al alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, "porque no todos los ayuntamientos ceden suelo para hacer vivienda pública", ha informado el Govern en un comunicado.

La presidenta ha defendido la colaboración entre los municipios, los consells y el Govern "porque las tres instituciones juntas trabajan mejor para encontrar mejores soluciones" a la dificultad de acceso a la vivienda.

Armengol ha reivindicado que Baleares acabará esta legislatura "con un 64 % más de viviendas de protección pública" porque "nunca se habían construido tantas como ahora". Ha destacado que la obra nueva se combina con otros mecanismos que han convertido Baleares en una referencia nacional "como la cesión de grandes tenedores o el tanteo y retracto".

Armengol ha alabado que las nuevas promociones del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) sean "referentes desde la excelencia en materia de sostenibilidad ambiental", se sitúen "a la vanguardia en medidas de eficiencia energética y usen productos de kilómetro 0 para aprovechar todo lo que da la tierra".

En el primero de los solares, situado en el número 5 de la calle de Juli Ramis, se construirán 12 viviendas, una de ellas adaptada. En la misma calle, entre los números 22 y 42, se harán 22 viviendas más en un edificio de planta baja y un piso. La mayoría de las viviendas disponen de una habitación, pero en la promoción mayor también los habrá con dos y tres.

A la previsión del Ibavi de finalizar 747 nuevas viviendas en dos años se suman los pisos incorporados al parque público por el Govern a través de fórmulas como el tanteo y retracto y la cesión forzosa de uso de grandes tenedores.