Golpe al pequeño comercio

El vaivén de declaraciones ministeriales sobre la autorización para realizar rebajas en los comercios ha resultado un despropósito que -lejos de quedar como un malentendido o una falta de comunicación entre departamentos- puede conllevar graves daños económicos a un sector con graves problemas de subsistencia.

A la espera de una mayor concreción, la última declaración oficial sobre este asunto fue la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando el miércoles por la tarde descartó la posibilidad de que los comercios puedan hacer rebajas a fin de evitar aglomeraciones de clientes que faciliten el contagio de la Covid 19. Estas declaraciones contradecían las realizadas horas antes por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que a su vez rectificaban las hechas por Sanidad el día anterior.

El halo de esperanza al que se acogieron los comerciantes tras las palabras de la ministra se desvaneció rápidamente para caer de nuevo en el desconcierto y, en muchos casos, en la desesperación. Tras dos meses cerrados, con los almacenes ocupados por productos de temporada que no se han podido vender, las rebajas constituían una oportunidad para hacer caja y prepararse para la nueva temporada. La última decisión gubernamental liquida está opción y deja a los pequeños comercios -también a los grandes, aunque estos tienen más recursos para superarlo- ante un abismo económico.

Sanidad ha antepuesto razones de salud pública, sin debate y sin dar opción a que la seguridad en este tipo de ventas pudiera desarrollarse en las condiciones propuestas por los comerciantes: control de aforos, desinfección, protección personal... No ha habido alternativa al mando único tan decididamente ejercido por Sanidad en este episodio. A su vez, se ha demostrado una total falta de sensibilidad con el sector, no sólo quitándole el negocio sino blandiendo el fantasma de las ventas por internet que sí quedan autorizadas y que constituyen una de las principales amenazas del pequeño comercio tradicional. Un sinsentido si, junto al sanitario, el objetivo es proteger el futuro de miles de pequeños comercios.

El desafío lanzado en Baleares por los comerciantes, que afirman estar amparados por el Govern en esta lid y que, por lo tanto, podrán hacer rebajas, tiene un dudoso recorrido ante un Gobierno central que ha evidenciado que no es capaz de dejar margen para que otros decidan.

La actuación gubernamental en este tema ha demostrado muy poco respeto y nula empatía hacia un sector clave en el tejido económico y social de las ciudades. Una actividad que arrastra múltiples dolencias y a la que, con actuaciones como esta, se le empuja más hacia su final que hacia su salvación. El comercio se merece, cuando menos, una seguridad jurídica, un marco estable en el que poder planificar sus estrategias y un apoyo más entusiasta de las instituciones. Todo lo contrario que encuentran en el Gobierno, si no se producen nuevos desmentidos, contradicciones o giros de guión que, por otra parte, no dejan de ser habituales en este periodo de estado de alarma por parte de quienes comparten Consejo de Ministros.