Una segunda legislatura en el Gobierno da para mucho y tarde o temprano, las coaliciones de partidos de izquierda tendrán que ir dando un paso hacia el centro, de lo contrario podríamos enfrentarnos al caos en muchos aspectos.
A modo ilustrativo me referiré a alguno de ellos: hace pocos días fue noticia en Baleares el hecho de que un promotor inmobiliario, a fin de recuperar la posesión de un inmueble de reciente construcción, ocupado de forma ilícita pocos días antes, consiguió la recuperación del inmueble a cambio de entregar 8.000 euros a los “okupas”.
La noticia causa cierto estupor y preocupación, por el hecho, primero, de que exista la posibilidad de que esos mismos okupas, dos horas después, hayan ocupado otro inmueble a fin de repetir la hazaña. En segundo lugar, por el hecho evidente de que otros okupas distintos quieran sacar el mismo rédito que sus compañeros. Me consta no obstante que hace tiempo algunas empresas europeas se dedican a “negociar” la salida de los okupas de los inmuebles, por encargo de algunos propietarios.
La situación es evidentemente insostenible e inaceptable, salvo que hacienda decida cobrar impuestos sobre esos 8.000 euros entregados a los okupas en cuyo caso al menos habremos recuperado algo.
El problema de la ocupación de inmuebles va mucho más allá del que se genera para el propietario particular. Las entidades bancarias con pisos ocupados ilícitamente tardan años en tramitar los correspondientes procedimientos de desalojo con el consiguiente perjuicio para las comunidades de propietarios y sus vecinos. El motivo de dichas demoras no es otro que la falta de interés por parte de los bancos en ciertos inmuebles que en realidad no les van a aportar beneficio alguno, porque no les son rentables en ningún aspecto.
Quizás harían bien esos gobiernos de izquierdas en obligar a los bancos a tramitar dichos procedimientos de forma obligatoria e inmediata tras la ocupación ilegal de un inmueble, para salvaguardar los derechos de quienes residen en el mismo edificio.
Esta obsesión actual de proteger ciertas conductas y actuaciones ilícitas coloca en una posición de absoluta indefensión a quienes cumplen la norma y la desesperación de estos puede convertir en un auténtico caos nuestro día a día porque hay soluciones que, en realidad no lo son.
