Fiscalía recurre ante el Supremo la sentencia que condena a Penalva y Subirán

El Ministerio Fiscal ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) del día 15 de noviembre pasado, que condena al exmagistrado Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, además de tres agentes del Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía. El fiscal Tomás Herranz solicitó para los seis reos unos 600 años de cárcel, que finalmente se quedaron en tan solo 26 años.

Además de la Fiscalía, también han anticipado su intención de recurrir los dos principales condenados, Penalva y Subirán, la inspectora Blanca Ruiz y el funcionario del Ajuntamiento de Palma Juan Carlos Sastre, que fue detenido en octubre de 2016 y que se personó en la causa como acusación particular.

Recordemos que el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán fueron condenados a 9 años y 1 día de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de 7 años y 6 meses, por obstrucción a la justicia y coacciones a Álvaro Gijón. Y también por omisión del deber de perseguir filtraciones a los medios de comunicación de actuaciones secretas, que ellos conocían por razón de su cargo, a la pena máxima prevista de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Igualmente fue condenado el subinspector Miguel Ángel Blanco, al agente Iván Bandera y a la inspectora Blanca Ruiz, por presiones ejercidas sobre el empresario Antonio Roig y su mujer. El tribunal también condenó por coacciones a Blanco y a Bandera por su participación en las coacciones a Álvaro Gijón. Miguel Ángel Blanco fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión, además de multa. Iván Bandera fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión, y multa. Y Blanca Ruiz recibió una condena de 1 año y dos meses de cárcel y multa. Los tres, además, fueron condenados a inhabilitación especial para ser policías por el tiempo que dure la pena privativa de libertad.

Sin embargo, la sentencia absolvió a los acusados por la detención de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, al empresario Antonio Roig, a la ex regidora Irene San Gil y al exregidor Gabriel Vallejo. Aunque el tribunal reconoció que se detuvo a personas inocentes, sostiene que existían sospechas de manipulación en el concurso de la O.R.A. y la posible participación de los detenidos, en mayor o menor medida, razón por la que les exonera del delito de detención ilegal a los padres y el hermano del diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón. El tribunal entiende que esos arrestos, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y que tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación el concurso de la O.R.A. No obstante, la Sala no condena a los acusados por detención ilegal por un déficit en la acusación, dado que los hechos no se ajustan al tipo delictivo que ha sido objeto de acusación.