La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado este lunes a la magistrada que instruye el caso sobre la manifestación del 8 de marzo, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la investigación que está llevando a cabo para dictaminar si el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, actuó negligentemente al autorizar la marcha reivindicativa en favor de los derechos de la mujer, así como otras convocatorias multitudinarias que tuvieron lugar pocos días antes de que se decretase el estado de alarma y cuando la expansión del coronavirus había alcanzado ya una fase álgida en España.
En un recurso remitido al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, la Fiscalía descarta que el delegado del Gobierno haya incurrido en algún tipo de responsabilidad penal al no prohibir la celebración de la marcha del 8M.
La jueza abrió la causa contra José Manuel Franco a instancias de la denuncia de un abogado particular. Ahora, en su escrito, la Fiscalía Provincial reprocha a Rodríguez-Medel que ordenase investigar un presunto delito de prevaricación sin concretar en qué habría consistido exactamente la irregularidad cometida por el representante del Gobierno central en la Comunidad de Madrid.
Ya con anterioridad, la Abogacía del Estado había criticado la actuación de la jueza al entender que, en el momento en que se produjeron los hechos, no existía ninguna resolución legal o gubernativa a la que el delegado del Gobierno debiera haberse atenido para no autorizar la marcha.
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