Fiscalía debe actuar ante la perversa aplicación del descuento aéreo a residentes

El ilustrador video hecho público por un ciudadano mallorquín haciendo la reserva de un vuelo desde la Península -identificado como residente, en un ordenador, y como no residente, en otro- demuestra la perversión de un sistema que sigue castigando a los baleares y sobre el que la Fiscalía debería actuar de oficio. En el video publicado por mallorcadiario.com se presencian los pasos que, en dos ordenadores a la vez va dando el viajero y cómo le resulta más barato adquirir un billete acogido a una promoción disponible para todos los ciudadanos que otro pasaje -mismo trayecto, mismos horarios- en el que se aplica el descuento del 75 por ciento al que tienen derecho los residentes en las Islas.

El aumento del descuento aéreo ha sido una larga reivindicación de los ciudadanos de Baleares, que tienen en las conexiones aéreas y marítimas lo que los peninsulares tienen en forma de costosísimas redes de carreteras y ferrocarril que se han financiado con recursos públicos. La eterna mala aplicación del descuento por parte de las compañías desembocó, con la aprobación de la Ley Presupuestos Generales para 2021, en la obligatoriedad -desde el pasado uno de marzo-, de que las aerolíneas apliquen el descuento al final del proceso de reserva. De esta manera se suponía que debía garantizarse la bonificación en los términos más justos.

Hace poco más de una semana, ya iniciado marzo, una decena de compañías fueron denunciadas por no actuar de la forma establecida por la ley, y el propio Govern balear elevó a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, una queja acerca de los incumplimientos por parte de las aerolíneas que todavía seguían pidiendo la condición de residente al principio de la compra.

Durante años, mientras se iba aumentando el porcentaje de la bonificación a los insulares, se han mantenido reuniones con las compañías y se han establecido presuntos sistemas de control. Todo parece caer en las más absoluta inutilidad cuando los residentes siguen siendo discriminados. Ninguna administración ha sido capaz de acabar con una práctica en la que las aerolíneas y sus algoritmos siempre van por delante.

El escándalo debe parar. El sistema se ha revelado en muchos aspectos como un fraude que cuesta millones de euros a las arcas públicas y que parece que sólo sirve para aliviar la voracidad de las compañías aéreas, sin que los ciudadanos de las Islas perciban una auténtica compensación de su insularidad. Es por ello que urge una intervención más allá de la ineficaz acción de los gobiernos. Entidades como la Fiscalía o la Oficina de Anticorrupción deberían analizar la situación por la que las compañías de sirven del erario público para aumentar sus ingresos sin atender el objetivo principal para el que se diseñó el descuento. Y actuar en consecuencia.