Firmeza ante el alquiler vacacional ilegal

Exceltur, la alianza para la excelencia turística, ha reclamado al Gobierno un gran marco legal que ponga límites a los alquileres turísticos. La petición llega después de haber realizado un estudio que considera descontrolado el crecimiento de este tipo de alojamientos, ocasionando graves problemas de pérdida de identidad de los centros urbanos o incremento de los problemas de convivencia.

El estudio ha analizado el asunto en colaboración con los ayuntamientos de seis de las ciudades españolas más afectadas por el fenómeno (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, San Sebastián y Valencia) y muestra -con datos oficiales y una encuesta entre los residentes- el impacto negativo que el "crecimiento descontrolado" de este tipo de viviendas tiene sobre los barrios más turísticos de España, así como la calidad de vida percibida por sus habitantes.

Entre los problemas que el estudio atribuye al alquiler vacacional destacan el encarecimiento de la vivienda, la transformación del comercio de proximidad, el deterioro de la convivencia en las comunidades de vecinos, la expulsión de residentes de los cascos históricos o la pérdida de identidad de los centros urbanos. Todas estos problemas acaban provocando un efecto negativo que perjudica al propio turismo y que debería ser tenido en cuenta a la hora de proteger el valor y la reputación del sector turístico en su conjunto.

En Baleares, la legislación contiene elementos diferenciadores que restringen el alquiler vacacional; unas diferencias, sin embargo, que no son suficientes a la hora de controlar el problema que supone la oferta ilegal; una oferta de dimensiones imprecisas, pero que a todas luces provoca distorsiones y masificación -incluso en lugares insospechados donde nunca ha habido un hotel-; una oferta cuyos primeros interesados en combatir deberían ser los propios empresarios que explotan esta modalidad turística dentro de la legalidad.

No es el tipo de turismo que más conviene a un entorno como el balear, ni a su estructura económica y laboral, dado los perjuicios que conlleva, el escaso valor añadido que aporta y los casi nulos puestos de trabajo que genera. La versión ilegal, además, debería erradicarse tanto por respeto a todos los empresarios que cumplen y pagan sus impuestos como por ofrecer garantías suficientes a los turistas que eligen esta modalidad. Para ello, hace falta más firmeza de las administraciones y una mayor actividad inspectora.

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