Financión singular

En plena canícula estival, cuando todos deberíamos estar preocupados por protegernos del calor abrasador y pasar los ardores de agosto de la manera más leve posible y sin grandes preocupaciones intelectuales, dedicándonos al baño, a la lasitud de la siesta, a la lectura y a las largas veladas vespertinas, se ha desatado una nueva tormenta política, muy cargada de aparato eléctrico y que amenaza con importantes granizadas y rachas de vientos huracanados, que puede llevarse por delante el actual “statu quo” institucional.

El resultado electoral de las últimas elecciones catalanas y las disposiciones estatutarias respecto del plazo máximo para un pleno de investidura exitoso, han llevado a una negociación entre el PSC-PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para llegar a un acuerdo para la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat (también entre el PSC y En Comú-Sumar). El punto fundamental de dicho acuerdo es el de un nuevo sistema de financiación para Catalunya, definido como financiación singular, que implicaría, aunque no está claro del todo, la salida de la comunidad catalana del régimen común de financiación de las CC.AA. Y ahí se ha armado la marimorena política.

Ignoro los detalles concretos del acuerdo y la viabilidad o no de todos los cambios administrativos y legislativos que serían necesarios para llevarlo a cabo y tampoco me interesa, en estos momentos, analizar sus pros y contras y posibles consecuencias globales, pero sí creo que es pertinente poner de manifiesto y denunciar la hipocresía, el fariseísmo, el cinismo, incluso la caradura de casi todos los políticos españoles de derecha y extrema derecha y muchos de izquierda. Les ha faltado tiempo al PP, a Vox, a algunos miembros del PSOE y de varias de las formaciones adscritas a Sumar, para salir en tromba a criticar el acuerdo, tildándolo de concesión inadmisible, de beneficiar a Catalunya perjudicando al resto de España, de fractura de la unidad entre los españoles y, por supuesto, de inconstitucional, anticonstitucional, insolidario y las lindezas habituales con las que la catalonofobia militante se refiere a todo lo que tenga que ver con los intentos catalanes de mejorar su situación y conseguir espacios de soberanía.

Que yo sepa solo los doce magistrados del Tribunal Constitucional están facultados para decidir lo que va en contra de la Constitución y lo que no y no a título individual sino a través de sentencias emitidas por el pleno y acordadas por mayoría, pero una auténtica multitud de políticos, periodistas y opinadores ya han decidido la inconstitucionalidad del acuerdo. Quizás, ya que tenemos tal cantidad de expertos intérpretes de la constitución, debamos replantearnos la necesidad del TC, ya que supone un gasto anual nada despreciable.

En cuanto a la fractura de la unidad entre todos los españoles es curioso que nadie diga que esa unidad ya está rota y nunca ha existido, puesto que hay dos regímenes de financiación: el común y el foral, el de Euskadi y Navarra. Y dentro del común las Islas Canarias tienen un sistema especial. Así pues, todos esos políticos que hablan de que una financiación singular rompe la igualdad entre españoles, deberían, sin solución de continuidad, abogar por la inmediata supresión de los conciertos de Euskadi y Navarra, a no ser que se considere que vascos y navarros no son españoles (con lo que muchos de ellos estarían de acuerdo) y, por tanto, meritan un trato diferente. Sin embargo, con la única excepción del desaparecido Ciudadanos, ningún partido ni político de ninguna tendencia ha cuestionado nunca el sistema de financiación de las comunidades forales.

El problema no es que una financiación singular no sea perfectamente posible y no atente contra ninguna igualdad entre españoles. El problema es que se trata de Catalunya, una comunidad de la que se extrae un enorme porcentaje del PIB español y, si esa cantidad disminuye quedarán menos recursos, lo que obligaría a redefinir la estructura del gasto público y, posiblemente, a acabar con determinados centros de gasto prescindibles, pero que resultan útiles para repartir prebendas, como las diputaciones provinciales, que suponen miles de puestos de trabajo bien remunerados para colocar a políticos locales amortizados a los que se concede una sinecura como agradecimiento a los servicios prestados.

El actual sistema común de financiación de las CC.AA. está caducado desde hace diez años, plazo durante el cual todos los gobiernos, central y autonómico, de todos los colores han sido incapaces de llegar a un acuerdo para renovarlo. Ahora podría ser un buen momento para redefinirlo en un sentido federal, como ha manifestado el presidente Sánchez, pero me temo que no será posible, porque hay demasiados intereses por parte del “deep state” para que nada cambie, incluso aunque la renovación esté estancada por los siglos de los siglos.

La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, lo ha dicho en una entrevista en una radio: “este acuerdo implica la desaparición de la España que conocemos”. Lo ha dicho como profecía apocalíptica, lo que indica hasta qué punto se van a resistir a cualquier modificación en la arquitectura institucional y administrativa española, cuando un cambio profundo federalizante podría ser extraordinariamente beneficioso para el país. Sus amiguetes de Vox sí que querrían cambiar España, pero en su caso conocemos que país instaurarían, uno muy parecido al del régimen infame y criminal de Franco.

Ya veremos como acaba todo. Yo de los catalanes no tendría el más mínimo optimismo. Creo que ERC se ha visto atrapada en una situación diabólica y que ha optado por lanzar una patada a seguir, por utilizar un término del rugby, y que los que vengan detrás que arreen, pero en el futuro le puede pasar una factura muy onerosa.