El éxito de las movilizaciones del 8M contrasta lamentablemente con lo que se publicó el 26 de abril de 2016 en el BOIB, que no fue otra cosa que la ley de derogación de la ley de maternidad de Baleares en un alarde de maternofobia del Govern, característica del feminismo más radical, el de aquel que considera la maternidad como una lucha de clases entre el hombre –opresor- y la mujer –oprimida-, típica de la ideología de género que se han propuesto imponer a toda la sociedad con la connivencia del silencio de los que no quieren actuar porque no es políticamente correcto.
Las mismas que se manifestaron el 8M a favor de las mujeres y que desprotegen a las madres por prejuicios ideológicos.
La finalidad de esta ley era la configuración de un marco legal adecuado para la protección del derecho de la embarazada a ser madre y el establecimiento de una serie de actuaciones por parte de los poderes públicos que tengan como elemento nuclear la ayuda a la mujer embarazada y la consideración de la maternidad como un bien individual y social.
La necesidad de que la Administración ofrezca, atendiendo a su mandato constitucional, a las mujeres embarazadas, todas las medidas a su alcance para, por un lado, defender la expectativa de nacer del niño, y, por otro, garantizar una protección integral del derecho a la maternidad de la mujer.
Los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno y las legislaciones de las Comunidades Autónomas han ido incorporando en los últimos años leyes protectoras de la maternidad. Hay, por tanto, una auténtica demanda social de una norma de protección a la maternidad. A estos propósitos respondía la presente ley y por ello en ella se recogían un conjunto de medidas administrativas, económicas, laborales y sociales que permitían a las mujeres ejercer efectivamente su derecho a la maternidad.
Todo esto lleva a concluir que la maternidad merece todo el amparo de los poderes públicos, tanto por ser proyección del derecho de la mujer al desarrollo de su personalidad como por estar implicada siempre una vida, la del concebido y no nacido.
Por otra parte la Unión Europea no deja de poner de manifiesto el gravísimo problema demográfico que afronta la sociedad occidental en general y nuestro país en particular. A partir de aquí, la CAIB debe coadyuvar activamente a remover los obstáculos que muchas mujeres encuentran para realizar su deseo de ser madres.
La derogación de esta Ley de protección de la maternidad , una de las primeras acciones del actual Govern "feminista", establecía unas políticas públicas de apoyo a la mujer gestante para garantizar su derecho a ser madre, removiendo los obstáculos que dificultaban el real ejercicio de este derecho en línea con lo que han venido haciendo en los últimos años varias Comunidades Autónomas, en muchas ocasiones como respuesta a impulsos de la sociedad civil, cuya contribución en las políticas de ayuda a la maternidad constituye también uno de los pilares de esta normativa.
Este Govern "feminista" dejó sola a la mujer gestante sin el apoyo y la ayuda de quién debe velar por su seguridad, la administración. ¿Este es el feminismo que quieren?