Evitemos condenas prematuras

No seré yo quien ponga la mano en el fuego por nadie. Tampoco por los dirigentes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que están bajo la lupa de la Justicia y fueron detenidos el jueves y el viernes. Y menos aún cuando apenas ha trascendido información sobre la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número tres de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Pero no es la primera vez que presenciamos un despliegue de esta magnitud y que luego queda en nada o en muy poco, excepto con el prestigio y el buen nombre de los investigados absolutamente triturado.

La presunción de inocencia que ampara al todavía presidente de la APB, Juan Gual de Torrella, y al resto de cargos públicos que fueron detenidos, es ahora mismo papel mojado si nos atenemos a la práctica totalidad de titulares de los medios de comunicación. Todos ellos son ya presuntos delincuentes y eso que la Guardia Civil los dejó a todos en libertad y no los puso a disposición de la autoridad judicial.

Se diría que fueron detenidos para evitar que pudiesen destruir pruebas antes de los registros que fueron llevados a cabo el viernes. Pero no hay certeza alguna de que lo hubiesen intentado siquiera. Y bien pudieron ser detenidos el viernes a primera hora, pero se optó por arrestarles el jueves por la tarde y que pasasen la noche en los calabozos, algo que como medida preventiva se antoja excesivo. Además, los registros en Mahón e Ibiza dan cierta sensación de pesca de arrastre, a ver qué pillamos, en lugar de una pesca selectiva con caña, para evitar esquilmar la fauna marina.

La prudencia y sobre todo, la presunción de inocencia en una causa declarada secreta, debería llevarnos a evitar condenas prematuras. Que parece que algunos no han aprendido nada del caso Cursach. Tiempo habrá si es que hay pruebas, que ahora es lo que se busca.