Según el escrito del fiscal, entre el 3 y el 10 de noviembre de 2020, el acusado envió desde una determinada dirección de correo electrónico varios mails al servicio de compras de Emaya, fingiendo que estos mensajes procedían del departamento económico de una empresa que era proveedora de la sociedad municipal.
En estos escritos, el individuo avisó de un cambio de número de cuenta al que, supuestamente, a partir de ese momento, Emaya debía dirigir los pagos. Esta entidad llegó a realizar dos transferencias, una por importe de 87.317 euros y otra por 15.539 euros.
El Ministerio Público pide por tales hechos cuatro años de prisión, 6.600 euros en concepto de multa y la devolución del dinero estafado.
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