Las reuniones de vecinos de Pablo Iglesias

Los administradores de fincas reclaman al Gobierno claridad en las normas que deberán seguir las comunidades de vecinos para el uso de las zonas comunes, una vez que se haya autorizado la salida limitada de los niños a la calle. Los colegios de administradores, a través de su consejo general, han reaccionado tan sorprendidos como molestos por las afirmaciones del vicepresidente Pablo Iglesias señalando que debían ser las comunidades de propietarios quienes autoregulen sus propias reglas.

Con sus declaraciones, Iglesias no ha hecho más que extender la incertidumbre y provocar un nuevo desconcierto ante la forma de acometer las primeras fases de la desescalada. En este caso, el riesgo de generar serios conflictos es alto. Pocas cosas hay más inflamables que una reunión de vecinos y la indefinición gubernamental sobre el tema no hace más que abrir la puerta a numerosos enfrentamientos.

En este punto, el Gobierno no debería tardar otros cuatro días en concretar la norma de aplicación general como ha ocurrido con las salidas limitadas de los menores de 14 años. Tiene sentido que, si se puede salir a la calle de forma controlada, también se puedan disfrutar de las zonas comunes de una comunidad, también de forma controlada. Pero no tiene sentido lanzarles a los propietarios esa responsabilidad, independientemente de que mientras dure el estado de alarma las reuniones de vecinos han quedado suspendidas y no cabe alternativa a celebrar juntas. Y en su caso, cómo deban actuar los vecinos -mayores y pequeños- en espacios comunes como escaleras, garajes, jardines, piscinas, zonas infantiles... no puede quedar a la ventura de un debate entre particulares que, a buen seguro, conllevará serios conflictos.

Con su falta de definición, Iglesias se ha mostrado irresponsable o cuando menos no todo lo reflexivo que se espera de alguien que ocupa la vicepresidencia de un gobierno que se enfrenta al peor problema sanitario, social y económico que ha vivido este país en épocas recientes.

Los ciudadanos deben tener argumentos para confiar en la capacidad de aquellos que tienen la autoridad para marcar las normas. Por eso, la indefinición o los pasos erráticos -que se dan en un sentido un día, y en el contrario, otro-, son la peor receta para generar esa confianza. Corresponde al Gobierno marcar de forma precisa lo que reclaman los administradores de fincas. Evitaremos conflictos y aseguraremos que el esfuerzo de los ciudadanos durante tantas semanas de disciplinado confinamiento no haya sido en vano.