La Estación Intermodal de Palma se ha convertido en uno de los principales puntos negros de delincuencia en la capital. Peleas, borracheras, tirones de bolsos, robos de carteras, trapicheo de drogas, prostitución o agresiones sexuales forman parte del escenario cotidiano de la Intermodal, en pleno centro de la ciudad. En los últimos años los problemas se han multiplicado con la presencia de grupos de jóvenes, muchos de ellos menores -algunos fugados de centros tutelados o centros de reclusión-, con comportamientos propios de bandas callejeras y grandes dosis de violencia.
El Cuerpo Nacional de Policía despliega diariamente un dispositivo de vigilancia para la prevención de delitos en la zona. Pero el colectivo que más sufre las consecuencias de esta situación son los vigilantes privados contratados por separado para dar servicio, por un lado, a la terminal ferroviaria y, por otro, a la terminal de autobuses, y que en ocasiones ellos mismos son víctimas de agresiones. El servicio ha sido reducido considerablemente hasta el punto de que en la terminal de autobuses, que alberga 30 dársenas para vehículos, únicamente hay un vigilante por turno.
El Govern, a través de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, optó en su momento por modificar el contrato de la prestación de vigilancia en la zona de autobuses con el objetivo de abaratar el coste. Sin embargo, la consecuencia directa de este abaratamiento ha sido la reducción de efectivos en esta zona concreta de la estación, a la vez que aumenta la sensación de inseguridad en el recinto.
No parece tener mucho sentido que la seguridad privada de la Intermodal dependa de dos empresas diferentes, separando una zona de trenes y otra de autobuses que, sin embargo, comparten una misma instalación. SFM contrata su seguridad para la zona ferroviaria, mientras que el Consorci de Transports Públics (TIB) lo hace para la zona de autobuses con otros criterios. Ambas entidades dependen de la conselleria de Marc Pons, por lo que corresponde a la conselleria aplicar criterios de servicio que garanticen la seguridad de una zona que se degrada con gran celeridad, dotando a los servicios de vigilancia de la zona de medios y de recursos humanos suficientes. Eso, o asegurar mayor presencia policial en la zona. Lo que no puede continuar es la deriva que está llevando a la Estación Intermodal a convertirse en un reducto de delincuencia en pleno centro de Palma. Un entorno marginal en paralelo al tránsito diario de miles de ciudadanos.