GRUPO CURSACH
¿Han tenido en el Ayuntamiento presiones directas o indirectas de Fiscalía o del Juzgado para actuar en la forma que lo han hecho en lo relativo al Grupo Cursach?
No, de ninguna manera. Se detectaron ilegalidades en una parte del MegaSport, el 20 por ciento del gimnasio. Se requirió la legalización y el cierre es fruto de una decisión empresarial. Nosotros, como Ayuntamiento, evidentemente, ya hemos dado la fórmula para la legalización. La ley es igual para todos y así hemos actuado como lo hemos hecho en el caso de Ses Fontanelles (nota: se refiere a la construcción del centro comercial Palma Springs), en el Casino... No podemos huir de que la ley es igual para todos. Quiero recordar que cabe la posibilidad de que puedan legalizar ese 20 por ciento del que le hablaba.
Cuando el decreto del Ayuntamiento dice que se deben subsanar las deficiencias detectadas en el gimnasio MegaSport se dan 48 horas para ello antes de proceder al cierre. ¿No cree que es un plazo de tiempo muy ajustado para hacer obras y solucionar los problemas?
Los plazos los marca la legalidad, no la política. Hay una Ley de Actividades y unos criterios que son iguales para todos. Al final, como ya pasó con Tito's, siempre existe la posibilidad de legalizar. Se ha actuado en consecuencia y acorde a la ley.
Hoy hay 200 personas que con el cierre del MegaSport no están trabajando. Se desconoce si volverán a trabajar. ¿Se siente responsable de su situación?
Vuelvo a insistir en que el cierre de MegaSport es una decisión empresarial. Que estas personas se hallen en esta situación no es algo causado por el Ayuntamiento, sino por la empresa que ha decidido cerrar. Aún así, a todos estos trabajadores quiero enviarles el mensaje de que el MegaSport se puede legalizar y el Ayuntamiento ya ha dicho cómo, que es presentando un plan, un proyecto, que subsane las deficiencias.
Hay una salida...
Sí, evidentemente, hay una salida.
Su número dos y anterior alcalde, José Hila, ahora responsable de Urbanismo, ha calificado al Grupo Cursach de “mafia” y ha insinuado que “enfrentarse a una organización criminal” es algo que no le va “a salir gratis”. ¿Hace usted suyas estas palabras, se siente amenazado?
Lo único que digo es que nosotros tenemos un problema urbanístico con esta empresa y que debe ser tratada como el resto de empresas. Lo que tienen que hacer es legalizar la actividad, que es lo que hacen todas las empresas. Ya está, no quiero entrar a mezclar cosas. El hecho objetivo es que deben arreglar las deficiencias y luego decidir qué quieren hacer con el gimnasio.
ZONIFICACIÓN Y VIVIENDA
Usted auguró una zonificación turística “muy restrictiva” y así ha sido: se prohíbe el alquiler turístico totalmente en pisos de Palma. Los que le critican dicen que es una medida sectaria y que sólo ha escuchado a los colectivos que pedían esa prohibición. ¿Qué les contesta?
Hemos actuado siempre desde el interés general de la ciudad. No hemos prohibido el alquiler turístico, sólo decimos dónde se puede hacer y dónde no. Tenemos algunas cuestiones básicas: el aumento del precio del alquiler en Palma ha aumentado el 40 por ciento en dos años; las familias tienen que dedicar el 60 por ciento de sus ingresos a la vivienda; había un clamor popular que nos pedía responsabilidad a la hora de tomar esta decisión... En los tres años que llevo en el Ayuntamiento no he tenido nunca a ningún colectivo de vecinos o entidad de cualquier tipo que me pidiera que el alquiler turístico pudiera ser legal en plurifamiliares. Aparte de la patronal interesada (Habtur) nadie me lo ha pedido. Por eso hemos actuado, para decidir dónde se puede hacer. Se trata de tomar medidas valientes al servicio de la ciudadanía. Pero no hemos quitado ni una sola plaza. Las plazas las marcará el Consell de Mallorca.
¿Es la prohibición una medida definitiva o puede revisarse en el futuro? ¿Si bajan los precios se podría suavizar?
Cualquier regulación urbanística es revisable. Ello dependerá del contexto y de la experiencia que obtengamos con su aplicación. Ahora bien, dentro de unos años también podríamos decir que tampoco nos va bien el alquiler turístico en viviendas unifamiliares.
¿O sea, que en el futuro se podría ir por los dos lados?
Por supuesto, eso dependerá del contexto, del precio de la vivienda y del acceso que a ella puedan tener los residentes. Yo siempre he dicho que no hay nada peor para un alcalde que sus conciudadanos no puedan seguir viviendo en la ciudad. Debemos tener claro que el uso de los edificios plurifamiliares es residencial. Cuando se mezcla lo residencial con lo turístico aparecen los problemas de convivencia. Y eso es algo que hemos tenido muy en cuenta a la hora de tomar nuestra decisión.
En Palma se calcula que hay 16.000 viviendas vacías. Así lo ha reconocido la regidora de Bienestar y derechos sociales, Mercè Borràs. Ha hecho un llamamiento a “la solidaridad y a la colaboración” para que se puedan alquilar. Ojalá me equivoque, pero creo que con solidaridad poco se va a conseguir. ¿Plantean algún tipo de incentivo para que a los propietarios les resulte atractivo y, sobre todo, seguro alquilar las viviendas vacías?
La cifra de 16.000 viviendas es del año 2011 y la dio el Instituto Nacional de Estadística, debería actualizarse. Sea como fuere, seguimos con la misma situación de viviendas vacías en barrios vulnerables y que están en manos de entidades bancarias. Ello genera problemas muy importantes en la comunidad y yo pediría, bueno, exigiría, responsabilidad a las entidades bancarias. Hace unos días estuve en Son Gotleu y vi pisos cerrados del BBVA que daban muchos problemas a los vecinos. La nueva Ley de la Vivienda, que esperamos se apruebe en breve, establece que un piso que esté en manos de una entidad bancaria y lleve dos años vacíos será de obligatoria cesión a las administraciones para que puedan gestionarlo. Eso es un hecho cualitativo y cuantitativo. Debería hacernos reflexionar el que haya casas de los bancos que están ocupadas. Y recordar que este año junto al Govern invertimos 17 millones de euros en la construcción de 170 viviendas sociales después de muchos años. Y algo de lo que estoy muy orgulloso es que la oficina municipal antideshaucios ha ayudado a más de mil familias a no perder su casa. La vivienda es un tema sensible, uno de los principales problemas de la ciudad, y que abordamos con valentía y decisión.
El Ministerio de Defensa va a vender el solar del antiguo cuartel del Ramix 91, Son Busquets, en la carretera de Valldemossa. Se anuncia la construcción de viviendas. ¿De verdad son necesarias 800 viviendas en una zona con tanta presión demográfica y problemas sociales como es el Camp Redó?
Yo creo que sí, hay un consenso absoluto con las barriadas de Cas Capiscol y Camp Redó. Es un proyecto que mejora la zona, que vuelve a unir dos barrios, que tiene zonas verdes y equipamientos, y que contará con 800 viviendas, parte de las cuales serán de protección oficial. Es un proyecto que será bueno para el mercado inmobiliario. Creo que hay consenso y que se hará rápido. Son Busquets es un punto negro de la ciudad y una barrera que debe eliminarse.
¿Y no se pierde la oportunidad de esponjar la ciudad en lugar de construir más viviendas?
El proyecto integra viviendas y zonas verdes, mejorará ostensiblemente el paisaje urbano de la zona. Aún con 800 viviendas el esponjamiento será considerable, todo está muy bien planteado.
TOP MANTA
La Ordenanza Reguladora del Uso Cívico del Espacio Público (ORUCEP) se ocupa entre otras cosas de un tema polémico: el top manta. Tan candente estaba la cosa que la regidora de Función Pública y Gobierno Interior, Aurora Jhardi, ha conseguido poner de acuerdo a CAEB, AFEDECO, PIMEM y PIMECO que han pedido su dimisión. Usted al final le ha encargado tal responsabilidad a Angélica Pastor, la regidora de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía Local. ¿Se niega Podem a regular aquello que va contra sus ideas? Lo digo porque Podemos ha presentado en el Congreso una propuesta no de ley para despenalizar la venta ambulante ilegal.
Creo que la regulación de la venta ambulante es muy necesaria, sobre todo porque si el Ayuntamiento no la regula por la vía administrativa, el Gobierno español lo hará por la vía penal. Al final la venta ambulante debe estar regulada por la vía administrativa. La nueva ordenanza así la regulará y así transmitiremos un mensaje de tranquilidad a las asociaciones de comerciantes y empresarios que estaban un poco nerviosos. Creo que debe regularse por la ORUCEP y no por la ordenanza de las terrazas, tiene más sentido. Esta ordenanza además se ocupa del turismo de borrachera.
¿Qué ha pasado para que una regidora no quiera regular y tuviera que hacerlo otra?
Usted como periodista ya sabe que a veces algunos desacuerdos generan páginas y páginas en los diarios.
¿Y no cree que se podría haber arreglado antes de puertas adentro?
A veces más vale arreglarlo de puertas afuera (ríe).
Desde que Ángelica Pastor ha asumido la regulación del top manta estamos viendo el incremento de las operaciones contra la venta ambulante ilegal. Al menos se publicitan más las operaciones y detenciones. ¿Va a seguir esa política, si me permite la expresión, de “mano dura”?
Yo creo que se hace el mismo trabajo que desde el primer día. También es un problema social que afecta a personas que muchas veces viven en un régimen de semiesclavitud. En eso coincidimos todos, hasta los comerciantes. No se puede tratar el problema desde la estricta contundencia policial. Esa contundencia debe dirigirse a la raíz del problema, a los almacenes que proporcionan los productos, muchas veces falsificados. Lo que intenta hacer la Policía Local es un trabajo disuasorio, de prevención. El año pasado se hizo una operación conjunta con la Guardia Civil en la que se incautó cuantioso material en diversos almacenes. También se decomisaron más de 100.000 artículos. Eso de que “el Ayuntamiento no hace nada” es muy matizable. Desde el primer momento hacemos, pero también tenemos en cuanta la situación y particularidad de personas que están en un régimen de semiesclavitud. Hay que aportar soluciones sociales y laborales.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo un convenio con hoteleros para que las personas que se dedican a la venta ambulante y dieran el perfil pudieran trabajar en los hoteles de la Platja de Palma. Es una forma lógica de vincular a las empresas.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Imagine que me enfado y no estoy de acuerdo con la gestión municipal, por eso me planto en la puerta del Ayuntamiento y con bote de spray hago una pintada reivindicativa, reivindico la “acción” y subo las fotografías en mi cuenta de Twitter. ¿Me denunciaría el Ayuntamiento, tendría que pagar a los funcionarios de Emaya que fueran a limpiar la pintada?
Hombre, evidentemente. Además el Ayuntamiento está catalogado como BIC, está protegido.
Me saldría caro.
Sí, le saldría caro.
¿Han denunciado a Arran y les han hecho pagar la limpieza de sus pintadas, las que reivindican ellos mismos, como la más reciente en el monolito de Sa Feixina?
Está claro, y lo hemos dicho muchas veces, que el problema de equilibrio entre residentes y turistas que pueda tener Palma no se arregla con pintadas, ni con concentraciones que causan molestia a los turistas. El equilibrio con lo que es nuestra principal actividad económica se arregla regulando. Y eso es lo que hace el ayuntamiento. Hemos regulado el alquiler turístico, la moratoria de establecimientos turísticos de acuerdo con la asociación Hotelera de Palma y los vecinos... Es así como se hacen las cosas. La libertad de expresión está por encima de todas las cosas y...
¿Pero le han pasado la factura de Emaya a Arran?
Desconozco este nivel de detalle...
Por cierto, ya que ha salido Sa Feixina... La última vez que hablamos, en julio del año pasado, usted me dijo que era cuestión de meses que se derribara. Ahora se habla poco del tema. ¿Lo demolerá antes de finalizar la legislatura o es agua que hay que dejar correr?
No ha habido grandes novedades... El Ayuntamiento hizo lo que había que hacer. Hicimos el contrato de demolición, lo que pasa es que ahora se encuentra paralizado en los juzgados sine die. Se han presentado una serie de contenciosos y la cuestión se ha judicializado.
MÉS PER MALLORCA
Me comentó el año pasado que le gustaría ser diputado en el Congreso, pero que antes espera repetir una legislatura más en Cort. A un año de las elecciones ¿sigue pensando lo mismo?
Sí, ya le puedo decir que me presentaré a las primarias de Palma que son en noviembre. Lo hago con la ilusión de iniciar las obras de algunos proyectos que considero capitales para la ciudad como la rehabilitación de la fábrica de Can Ribes, el Passeig Maritim, convertir la antigua prisión en un gran centro cultural, y sobre todo hay un proyecto que me empuja cuatro años más... La próxima legislatura será la legislatura del tranvía en Palma. Tenemos un mal endémico en Palma y en Mallorca que es la dependencia de los ciudadanos del coche. El tranvía unirá el puerto, aeropuerto y Platja de Palma. Es una de las principales referencias para que Palma se pueda convertir en una ciudad moderna y europea. Y no quiero olvidar el bosque urbano que empezará en breve, en un mes o dos. Se comenzará en la zona del canódromo y llegará el año que viene al antiguo velódromo.
No hablaría de aparición, pero sí de consolidación de caras en Més en esta legislatura. Fina Santiago ya era conocida, Miquel Ensenyat ha saltado de la alcaldía de Esporles a la presidencia del Consell de Mallorca, han cobrado notoriedad Bel Busquets o Guillem Balboa... Usted mismo es un ejemplo de esa consolidación. Todos ellos irán a primarias. No le voy a pedir que se moje, pero ¿tiene el “corazón partío” a la hora de elegir?
Al final esto es como aquello de “¿qué quieres más, a papá o a mamá?”. Ahora mismo son los cuatro mejores candidatos que pueda haber (nota: Santiago y Ensenyat se medirán para encabezar la lista al Parlament; Balboa y Busquets lo harán en el Consell de Mallorca). Hay tiempo para que se presenten otras personas, pero creo que son los cuatro mejores. Me hubiera gustado un mayor consenso en el proceso... Al final está bien que la militancia pueda elegir entre toda la buena gente que tenemos. Ellos son nuestro mejor cartel.