Manuel Pavón (Madrid, 1981) es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Baleares. Es graduado en educación social y estudiante del grado en derecho; máster en prevención de riesgos laborales, experto universitario en seguridad pública y privada, y director y jefe de seguridad privada.
¿Cuáles son los asuntos que más preocupan los funcionarios de la Policía Nacional y, por tanto, a su sindicato?
– Pues a nivel balear, la primera preocupación es la falta de personal. Hay una nueva realidad delincuencial representada en la cibercriminalidad y tenemos la llegada de pateras. Desgraciadamente, a fecha de hoy no estamos al mismo nivel que los delincuentes. Nos faltan más policías, más medios y más formación.
A nivel estatal, nuestra preocupación se centra en el cumplimiento del acuerdo de la equiparación salarial que se firmó en 2018. Seis años después, estamos prácticamente igual que cuando se pagó parte de ese acuerdo. Hay varios puntos que no se han cumplido. También la declaración de profesión de riesgo. Es ofensivo que el personal de aeronaves sea profesión de riesgo, pero nosotros no. Lo más asombroso es que la Policía Local sí está declarada así, pero Policía Nacional y Guardia Civil no lo esté.
¿En qué se traduciría esa declaración de profesión de riesgo para ustedes?
– Sobre todo, en una jubilación anticipada. Hay otros aspectos económicos, pero principalmente jubilarse antes de los 65 años, como hacemos ahora. Es cierto que hay puestos de trabajo que sí que son para gente de edad más avanzada, pero en un coche radiopatrulla no se puede poner a un agente de 60 o 62 años. Creemos que un policía, tras muchos años de servicio, se merece una jubilación anticipada y, sobre todo, digna. También pedimos la reclasificación al grupo B de la escala básica de Policía Nacional y sé que Guardia Civil está pidiendo lo mismo, que eso afectaría al sueldo base, trienios y una jubilación en condiciones.
¿Dónde es más acuciante la falta de personal? ¿En Ibiza, quizás?
– En Ibiza falta mucho personal, pero es generalizado. En Palma es verdad que ahora estamos un poco mejor, pero Manacor, Mahón, Ciudadela, la situación es mala. La población en Baleares ha aumentado en casi 200.000 habitantes en los últimos años y el catálogo de puestos de trabajo en la Policía Nacional sigue siendo el mismo que hace 20 años.
"El catálogo de puestos de trabajo en la Policía Nacional sigue siendo el mismo que hace 20 años"
¿Cuántos policías nacionales hay en Baleares?
– Según el catálogo, algo más de 1.900 funcionarios. Pero no está cubierto completamente, está en torno al 90% de media en las comisarías.
¿Qué nos puede decir de las pateras que llegan a Baleares?
– La llegada de pateras ya está consolidada y no tenemos unidades específicas para atender estos servicios. En la última oleada, prácticamente todos los servicios estaban colapsados y se han dejado de atender llamadas de emergencia porque estaban los indicativos que tenían que estar en la calle, custodiando a las personas que han llegado en patera.
¿Qué solución hay?
– Si la cuestión de las pateras no se soluciona y no tiene visos de solucionarse, va a ser necesario que haya unidades de UIP permanentemente aquí. Aquí tenemos dos grupos de UPR. Hemos pedido que se cree un tercer grupo en Palma y un grupo que no hay en Ibiza. Pero esto no va a bastar. Este año se ha duplicado la llegada de inmigrantes irregulares en patera con respecto al año anterior. Canarias, hace unos años, manejaba los datos que estamos manejando nosotros actualmente. Mira cómo está Canarias ahora, la gente que recibe Canarias. Baleares va a ser lo mismo. Está consolidada la flota de inmigración ilegal de las Islas Baleares. Quien diga lo contrario, miente. Y hay que decirlo. Hubo una delegada de Gobierno que decía que Baleares no era una vía de entrada. Cuando teníamos todos los datos que todo indicaba que era una nueva vía de entrada y que había que tomar medidas que finalmente se tomaron, pero si os acordáis salieron imágenes en prensa, inmigrantes durmiendo en aparcamientos. Al final se ha creado un CATE. Hemos pedido que se cree uno en Ibiza, dicen que no hace falta.
"Hubo una delegada de Gobierno que decía que Baleares no era una vía de entrada de pateras"
¿Y qué soluciones hay para esto?
– Actualizar el catálogo y poner más personal. Es cierto que el Govern balear nos está haciendo un guiño, pero nosotros dependemos del Estado. Tanto el ministro de Interior como el presidente del Gobierno deberían poner las medidas que hagan que estas islas sean atractivas para los policías, porque estamos viendo como año tras año cerca del 20-25% de la plantilla se está yendo y así no se afianzan las plantilla.
¿Por qué se van?
– Por las circunstancias de las Baleares, por los alquileres que son caros, aunque también lo son en Madrid y en Valencia. Son una serie de circunstancias que hacen que los compañeros abandonen. La cesta de la compra, el transporte… Es un tema casi siempre económico, pero nosotros hemos propuesto soluciones que no son económicas. Lo que sí habría que hacer, que es lo que pedimos con la plataforma Insularidad Digna, es actualizar la indemnización por residencia. Lo que cobramos los funcionarios de la Administración General del Estado por estar destinados en Baleares, lleva más de 20 años que no se actualiza. Eso es una solución, pero hay más, como una serie de ventajas fiscales para los funcionarios que estamos aquí destinados. Que estar en Baleares bareme más. Que Baleares sea una plantilla preferente como puede ser País Vasco y Navarra.
¿Cómo está el tema de las medidas de ámbito fiscal anunciadas por el Govern balear?
– Como formamos parte de la plataforma Insularidad Digna, que integra 23 organizaciones como funcionarios de prisiones, administración de Justicia, Hacienda, etc., dijimos que no era justo que estas ventajas fiscales solamente fueran para policías nacionales y guardias civiles. Tuvimos una primera reunión con Antoni Costa y le planteamos la posibilidad de que la cantidad económica que él tuviera pensada destinada para la Policía y la Guardia Civil que fuera distribuida para todos los funcionarios de la AGE. Nos dijo que lo estudiarían pero que este año que viene va a ser solamente para policías y guardias civiles y que, en progresivos años, se abrirá para el resto de los funcionarios del Estado. Vemos que hay predisposición y se agradece porque, como he dicho antes, no somos funcionarios de la Comunidad Autónoma.
¿Han arrojado la toalla con respecto a que el gobierno de España equipare el plus de insularidad? Porque si no hay presupuesto, no se puede hacer; y los presupuestos están más que en el aire.
– Tirar la toalla nunca. Nosotros seguimos insistiendo. De hecho, si finalmente se aprueba lo que ha prometido el Govern balear, nos sirve para ir al Congreso y al Senado a decirles que si el Govern está mirando por los funcionarios que no son suyos, a qué espera el Estado.
¿Qué opinión tienen sobre la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (denominada ‘ley mordaza’), que el PSOE ha pactado con Bildu?
– Que el Gobierno pacte con este tipo de partidos políticos una ley que afecta a la seguridad ciudadana, causa alarma. Se da vía libre para hacer lo que se quiera con los policías al derogar la prohibición de publicar fotografías de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. También uno de los puntos polémicos es el uso de los medios antidisturbios, de las pelotas de goma. Es inevitable que cuando se hace el uso proporcional de la fuerza, haya lesionados. No han sido muchos y yo creo que nos quitan una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía y a nuestros policías. No tienen que pagar tampoco los ciudadanos esta legislación porque al final quien lo paga también son los ciudadanos. Si hay una manifestación agresiva y la Policía no puede acceder al uso de la fuerza, van a agredir a los policías, pero también van a agredir a gente que está en una manifestación pacíficamente y todos sabemos que dentro de una manifestación siempre hay colectivos que lo que quieren es envenenar al personal y crear inseguridad ciudadana. Y para eso está la Policía y nos tienen que dotar de medios para poder hacer frente a esas actitudes.
"Si hay una manifestación agresiva y la Policía no puede acceder al uso de la fuerza, van a agredir a los policías"
Sé que ha habido cierta polémica, incluso interna en el sindicato, con la cuestión de su acuerdo con la empresa Desokupa. Me gustaría saber su opinión.
– La formación es necesaria. Un sindicato puede hacer los acuerdos que estime oportunos con una empresa legal. Las amenazas del ministro del Interior de quitarnos las subvenciones que nos corresponden legalmente no proceden. No sé si un ministro tiene capacidad para decidir si un sindicato tiene que cobrar subvenciones o no. En Baleares, en 2023 y 2024 han recibido formación en defensa personal policial menos de 100 compañeros. Ni un 5% de la plantilla está formada en defensa persona policial en los últimos años. Eso lo dice todo. Hay que dar información a los policías. De hecho, la mayor parte de las bajas laborales que tenemos actualmente en la policía es a la hora de hacer una detención por agresiones físicas. Y los monitores que tiene Desokupa son expertos, le guste al Gobierno o no le guste. La formación que se da es de calidad. De hecho, yo tenía pensado montar un primer curso en Ibiza.
"Los monitores que tiene Desokupa son expertos, le guste al Gobierno o no le guste"
¿Hay suficientes medios para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género que están bajo amenaza?
– La situación en cuanto a las víctimas de violencia de género en Baleares es una vergüenza. Cada compañero que atiende a víctimas que ya han denunciado y a las que se hace seguimiento, está llevando una media de 150 mujeres. Hay partidos políticos que se llenan la boca contra la violencia de género, con la defensa de los derechos de la mujer, pero luego no hay policías. No puede ser que un policía atienda a 150 víctimas de violencia de género. Es imposible que las atienda de forma efectiva y eficaz. La media a nivel nacional son 50 o 60. Aquí en Baleares estamos triplicando esos números. 150 mujeres tienen el teléfono móvil del funcionario que se dedica en exclusiva a su protección y es imposible que un policía proteja a 150 mujeres. Es imposible. Pedimos que dejen de gastar dinero en cosas superfluas y que lo gasten en más policías para proteger a las víctimas.
"No puede ser que un policía atienda a 150 víctimas de violencia de género"