Fernando Rubio gestiona varias de las áreas que más desafíos plantean para el Consell de Mallorca. La congestión del tráfico en numerosos puntos de la isla, especialmente en temporada alta; la protección de un territorio en el que cada vez viven más personas, por no hablar de las que vienen de visita, o el mantenimiento de una red viaria de más de 1.500 kilómetros.
Sobre este último área, Rubio asegura que el Consell seguirá reclamando un nuevo convenio de carreteras para que la isla no pierda los casi 230 millones que quedaron pendientes de ejecución del anterior, después de que en la pasada legislatura "se dejara perder" ese dinero. Hace ya más de cuatro meses que solicitaron una reunión con el ministro Óscar Puente para abordar esta cuestión, pero de momento no han recibido respuesta.
Preguntado sobre qué espera de un Gobierno que ha reiterado que la inversión para carreteras llegará por la vía del Factor de Insularidad, Fernando Rubio subraya que "hay una diferencia sustancial" respecto al anterior equipo de gobierno, y es que "nosotros sí estamos dispuestos a invertir en las carreteras de Mallorca".
"Si muestras desidia, el Estado dice 'para qué te voy a dar dinero si no te lo gastas'"
"Aquí teníamos un conseller al que no le gustaban mucho las carreteras. Si el conseller de carreteras prácticamente no mejora la infraestructura, porque no quiere poner asfalto, eso deja entrever una desidia, y entonces el Estado dice 'para qué te voy a dar dinero si no te lo gastas'. Pero no es nuestro caso, nosotros tenemos un presupuesto y una responsabilidad, somos los titulares de una infraestructura y queremos mantenerla. Lo exigimos porque es un derecho que tienen los ciudadanos de Mallorca", apunta.
Rubio mantiene también otra exigencia: la eliminación del carril bus-VAO en la autopista Ma-19 hacia Palma. "No entendemos cómo hemos llegado a esta situación en la que la DGT no atiende a nuestros requerimientos ni a nuestras peticiones de reunión", apunta Rubio. No ha recibido tampoco una propuesta oficial y concreta sobre el futuro funcionamiento del carril, únicamente una carta del director general de Tráfico, Pere Navarro, en la que apunta a un funcionamiento por franjas horarias que para el conseller sería "bastante caótico", tanto para los residentes en la isla como para los turistas que la visitan.
"El bus-VAO fue una prueba piloto cuyos resultados no han sido positivos, por eso pedimos su eliminación"
Fernando Rubio recuerda que según la normativa de tráfico "los titulares de las carreteras son competentes para emitir informes de carácter vinculante. Los informes del Consell argumentan técnicamente que este carril bus-VAO no ha funcionado. Además, fue una prueba piloto para ver cuáles eran los efectos y se ha comprobado que no han sido positivos. Por tanto, en base a todos esos criterios, pedimos y seguiremos pidiendo su eliminación".
Es más, no descarta acudir a los tribunales para exigir su eliminación. "El tema está en los servicios jurídicos del Consell porque pensamos que una administración pública que tiene unas competencias no puede ser desautorizada de esta manera, y nosotros como responsables de la infraestructura tenemos que reivindicar esa competencia que no se ha tenido en cuenta. Para nosotros no es deseable recurrir a los tribunales, pero esa posibilidad está sobre la mesa", precisa Rubio.
"Tras subir la velocidad, vemos que hay una mejora en la fluidez de la Vía de Cintura"
Otra de las promesas estrella con las que el PP se presentó a las elecciones fue el incremento de la velocidad máxima en la Vía de Cintura. Tras pasar de 80 a 100 kilómetros por hora el pasado 18 de diciembre, Fernando Rubio considera que es aún pronto para disponer de datos fiables de siniestralidad, pero asegura que "los inputs que nos llegan tanto técnicos como de los ciudadanos son positivos, vemos que hay una mejora en la fluidez".
El aumento de la velocidad se llevo a cabo basándose en tres informes técnicos: uno sobre siniestralidad, otro sobre cuestiones medioambientales y un tercero sobre trazado y pavimentación. Sobre este último, Rubio destaca que en esa cuestión "es muy importante la calidad del pavimento, y en la pasada legislatura prácticamente no se hicieron refuerzos de firme ni se cambiaron pavimentos. Por ello, en esta legislatura haremos una inversión importante para reforzar el firme en todas las carreteras de Mallorca y especialmente en la Vía de Cintura". De hecho, para este 2024 dispone de un presupuesto de 20 millones de euros para este capítulo.
ESTUDIO DE CARGA DE LAS CARRETERAS DE LA ISLA
Respecto a otras iniciativas para la legislatura en curso, Rubio destaca también el estudio de carga al que se comprometieron antes de las elecciones para conocer la capacidad real de la red viaria de la isla. "Teníamos como referente al Consell de Ibiza, que ya inició el trabajo en la legislatura anterior. Al llegar al Gobierno encargamos a los técnicos del Consell que recopilen datos propios y de otras instituciones, como Autoridad Portuaria o la DGT, y también trabajamos intensamiento con la Dirección General de Movilidad del Govern. Con todo ello queremos conocer cuáles son los problemas de las carreteras de Mallorca".
Y aunque el estudio no está aún terminado, Rubia apunta que "lo que nos indican nuestros técnicos es que no tenemos un problema de saturación generalizada todo el año o ciertas épocas del año, sino que hay puntos de saturación, por lo que se tienen que establecer medidas concretas para todos y cada uno de ellos. Al final será una guía para poder aplicar unas medidas que no solo serán útiles para el Consell sino también para otras instituciones".
"Otra de las medidas que estamos impulsando es la tramitación del Plan Especial de aparcamientos disuasorios. La aprobación inicial se hizo ya la pasada legislatura, pero ahora lo que hemos hecho es contactar con los municipios para que nos hagan llegar sus aportaciones. Haremos una segunda exposición pública y una fase de audiencia, para después continuar la tramitación", apunta Rubio, quien subraya que esa red de aparcamientos "estará muy vinculada al transporte público".
"Estamos trabajando para que los precios de la licitaciones se adapten a los costes reales"
Por otro lado, el conseller insular asegura que su equipo trabaja para que los precios que se incluyen en las licitaciones públicas se adapten a los costes reales, una larga reivindicación de los constructores de la isla. De hecho, según datos de su patronal, en 2023 quedaron desiertas 91 licitaciones por un valor de 69 millones de euros por la falta de rentabilidad que presentaban para los posibles candidatos a llevarlas a cabo.
"Hemos tenido una crisis de precios y eso se tiene que reparar y corregir. Cuando la Administración tiene un listado de precios demasiado bajos, al final no ejerce sus competencias de forma correcta porque no puede licitar las obras. El problema de la pasada legislatura es que no se hacía", apunta Rubio, quien advierte en todo caso que "desde que inicias la licitación hasta que empiezas la obra pasa tiempo, y especialmente en esa legislatura, en la que los precios cambiaron mucho, es necesaria cierta flexibilidad por parte de la administración con todas las garantías legales. Y si hay algo disruptivo que agita la economía, el responsable tiene que estar más pendiente de la situación de los precios".