Se enfrentan a 200.000 euros de multa por maltrato animal y cultivo de marihuana

El operativo tuvo lugar el 21 de septiembre, cuando los agentes de SEPRONA llevaron a cabo una inspección tras recibir información que indicaba la posible falta de bienestar de los animales en dicha finca. Al llegar, los agentes confirmaron la existencia de graves deficiencias en el trato a los animales, que incluían gallinas, perros, cabras, hurones, cerdos y un caballo, todos ellos en condiciones deplorables.

Entre las principales irregularidades observadas se destaca que las cabras estaban atadas, lo que contraviene la normativa sobre animales de producción. De acuerdo con la ley, estos animales no pueden ser mantenidos atados en ningún caso. En cuanto a los perros, se encontró que la mitad de ellos no tenían microchip ni tarjeta sanitaria, incumpliendo así la legislación sobre identificación de animales de compañía. Además, sus habitáculos y camas no cumplían con los requisitos normativos, presentando graves problemas de higiene, ya que había abundante acumulación de heces sin recoger.

El estado de los perros fue particularmente alarmante, ya que vivían entre grandes cantidades de huesos no retirados tras haber consumido la carne, lo que les ocasionaba lesiones en las patas y almohadillas. Asimismo, los propietarios no contaban con la autorización necesaria de núcleo zoológico, obligatoria debido al elevado número de animales en la finca.

20 PLANTAS DE MARIHUANA

El caso no solo se limitó al maltrato animal. Durante la inspección, los agentes descubrieron una plantación ilegal de marihuana, con un total de 20 plantas, algunas de gran tamaño, que fueron incautadas inmediatamente. Este hallazgo derivó en la imputación de los investigados por un delito contra la salud pública, agravando aún más su situación legal.

Asimismo, los responsables de la parcela también afrontan varias infracciones administrativas en materia de residuos, dado que en el lugar se encontraron vehículos abandonados que no habían sido entregados a un gestor autorizado para su tratamiento. Esta falta de gestión adecuada de los residuos es otro de los puntos que se les imputan.

Finalmente, tras recibir los informes periciales elaborados por un veterinario, se confirmó el grave deterioro de la salud de los animales domésticos. Ante estas pruebas, los agentes imputaron a los responsables por un delito de maltrato animal, dada la gravedad de la situación.

POSIBLES SANCIONES

Los investigados podrían enfrentarse a sanciones graves y muy graves, de acuerdo con la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Las multas que podrían imponerles oscilan entre los 10.001 euros y los 50.000 euros para infracciones graves, y entre los 50.001 euros y los 200.000 euros en caso de que se considere que las infracciones son muy graves.