En cambio, el 41,6 por ciento defiende la posición contraria, es decir, la necesidad de que desde la Administración se arbitren regulaciones que conviertan en obligatoria la administración de la vacuna, en atención a la transmision contagiosa del coronavirus y con el objetivo de proteger completamente a la población de posibles infecciones.
La diferencia de adhesión a una y otra opción, como se podrá comprobar, no es excesiva. Esta circunstancia pone de manifiesto que entre la opinión pública no existe todavía una postura claramente definida acerca de las disposiciones que deben dictaminarse en el caso de la administración de la vacunación contra la Covid 19.
Por una parte, está el grupo que enarbola el respeto a la autonomía personal en cuanto al uso de estos productos; por otra, quienes sostienen que la única forma de asegurar la efectividad de las vacunas y derrotar definitivamente a la pandemia es propiciar la protección masiva de los ciudadanos.
Posiblemente, los datos y cambios que se susciten en los próximos días y semanas en relación a la evolución de la Covid 19 marcarán nuevas variaciones en la posición de la población en torno a esta controvertida disyuntiva.