Caras nuevas para un Consell de Mallorca que busca una identidad propia

Sus resultados serán los últimos en conocerse ya que en primer lugar, deben contarse las papeletas de las elecciones europeas; a continuación, las de las municipales; seguidamente, se debe llevar a cabo el recuento de las autonómicas y, finalmente, el de las elecciones a los Consells insulares.

En juego está la composición del Pleno, compuesto por 33 consellers electos, de los cuales el Partido Popular tiene actualmente 10, el Grupo Socialista siete, Més seis representantes, Podemos Mallorca cuatro, Proposta per les Illes suma tres y Ciudadanos dos, además de un representante no adscrito a ningún grupo político.

Tal y como ocurre en las demás instituciones, los comicios de este domingo se plantean en clave de dos bloques -izquierda o derecha- y con listas profundamente renovadas. Así, el President actual de la institución, Miquel Ensenyat, no repite -es el candidato de Més al Govern- y en su lugar concurre la todavía consellera de Turisme del Govern, Bel Busquets.

Por el PSIB, la candidata es la actual consellera de Hisenda i Funció Pública del Govern, Catalina Cladera, que toma el relevo de Mercedes Garrido tras una legislatura en la que se ha tenido que enfrentar al mayor reto de la institución: las carreteras.

Por Podemos, Aurora Ribot, portavoz del partido de Pablo Iglesias en la institución insular y sustituta de Jesús Jurado, vicepresidente durante la legislatura actual.

Proposta per les Illes apuesta por la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, en sustitución del candidato del PI fue Antoni Pastor.

Desde el PP, el candidato es el actual alcalde de Santanyí Llorenç Galmés.

Por Ciudadanos, la candidata es Beatriz Camiña.

Desde Vox, el candidato es Pedro Bestard.

El Consell de Mallorca fue creado en 1978 con la aprobación del régimen preautonómico balear y fue instituido oficialmente en 1983 con la aprobación del Estatut de Autonomía. Se trata de una administración local y autonómica cercana a la ciudadanía, que tiene atribuidas, entre otras, las competencias en materia de cooperación jurídica y de asistencia económica y técnica a los municipios, especialmente a los que tienen menos capacidad económica y de gestión; urbanismo y habitabilidad; ordenación del territorio; patrimonio monumental histórico y cultural; desarrollo de las empresas artesanas; actividades clasificadas (espectáculos públicos y actividades recreativas); caza y pesca fluvial; deportes, ocio y promoción turística; servicios sociales y atención a personas dependientes o en situación de exclusión social; medio ambiente y gestión de residuos.