El TSJIB debe impartir Justicia en el caso Penalva-Subirán

Juicio a un juez, un fiscal y cuatro policías nacionales

El pasado viernes quedó visto para sentencia el juicio que durante 33 sesiones se ha celebrado en los juzgados de Sa Gerreria por parte de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dada la condición de aforados de los dos principales encausados, el exmagistrado-juez Manuel Penalva y el exfiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán; junto a los policías José Luis García Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera. Recordemos que la Fiscalía reclama para todos ellos, penas que suman casi 600 años de cárcel por los delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación.

Durante la celebración del juicio se han puesto de manifiesto graves actuaciones protagonizadas, supuestamente, por los reos en el ejercicio de su función investigadora durante la instrucción del caso Cursach, asunto que finalizó con los acusados absueltos con todos los pronunciamientos favorables. Los testimonios oídos por el tribunal son contundentes y, en ocasiones, estremecedores y muy reveladores del nivel de degradación legal, moral y profesional con que actuaron los investigadores, con la única intención de obtener declaraciones incriminatorias contra aquellos que ellos ya daban por seguros culpables de graves delitos. Las pruebas exculpatorias eran ignoradas y los testimonios en ese sentido llevan aparejadas graves consecuencias para quienes no se plegaban a la voluntad de los ahora acusados. Abundan los testigos que así lo han asegurado a los magistrados que integran el tribunal.

A ellos les corresponde valorar las pruebas existentes contra los encausados, cuyas defensas apuestan por el comodín universal de la nulidad de actuaciones. Y, sobre todo, que el tribunal no pueda valorar el contenido del grupo de wasap, donde todas sus excusas y alegatos de defensa caen por su propio peso, arrumbados por la realidad de sus comentarios, a menudo zafios y groseros, que demuestran que más que unos funcionarios públicos, se comportaban de la forma más alejada a la Justicia que quepa imaginar.

Penalva y Subirán, incluso a día de hoy y tras todo lo que se sabe y de las sentencias de otros jueces, insisten en atribuir delitos a personas que han resultado juzgadas y exoneradas. Se empeñan en presentarse como víctimas de un complot de la Fiscalía y la Policía Nacional para acabar con ellos. Insisten en considerar veraces pruebas que se han confirmado que eran absoluta y rotundamente falsas, como la agenda de la madama de un prostíbulo, las fiestas sexuales con menores en una discoteca del Paseo Marítimo, las agresiones y amenazas a testigos protegidos, etc.

El colmo del cinismo es que el exjuez y el exfiscal insistan en denunciar la existencia de sicarios con el encargo de atentar contra su integridad física, sin ninguna prueba, sin el menor indicio, como de costumbre.

El tribunal tiene la misión de impartir Justicia. Y para ello deberán evitar sucumbir a la tentación de, dado que Penalva y Subirán ya no son funcionarios públicos, imponer una pena mínima. La gravedad de los delitos supuestamente cometidos por los encausados, y las abrumadoras pruebas y testimonios que han desfilado ante ellos, deben moverles a aplicar la Ley con toda severidad y contundencia, pues no se recuerda un caso parecido en toda la historia judicial española.