El traspaso de poderes ya está en marcha

La Ley 1/2019, de 31 de enero, del Govern de las Illes Balears, regula en su capítulo V (artículos 26 a 33) el cese del Ejecutivo autonómico y el proceso de transición.

Según dicho texto legal, el Govern cesa tras la celebración de elecciones al Parlament, aunque continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Govern. En esta situación de interinidad, la acción del Govern en funciones se limita a la gestión ordinaria de los asuntos públicos y a la adopción de las medidas que resulten necesarias en casos de urgencia o de interés general.

GOVERN EN FUNCIONES

La norma establece que durante el proceso de transición, el Govern en funciones actuará conforme a los principios de intervención mínima, neutralidad política, lealtad y colaboración, e información y transparencia.

Así el Govern saliente debe limitar sus actuaciones a las previstas taxativamente en la Ley y también debe abstenerse de adoptar cualquier otra medida, excepto casos de urgencia o por razones de interés general.

Tampoco puede adoptar medidas que puedan condicionar, comprometer o impedir las actuaciones futuras del nuevo Govern. Además, debe facilitar el desarrollo normal del proceso de formación del nuevo Govern y el traspaso de poderes, garantizando la entrega de la documentación necesaria. Y por último, debe proporcionar de manera transparente la información sobre el estado de tramitación de los procedimientos y de los asuntos pendientes de cada Conselleria y de los demás órganos directivos.

El pasado lunes 29 de mayo, el conseller Iago Negueruela, portavoz del Govern en funciones, confirmó que se había iniciado la elaboración de la memoria de información del traspaso de poderes, prevista en el artículo 32 de la Ley del Govern.

Esta memoria debe incluir el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio en curso, la disponibilidad de tesorería, el importe de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio en curso, el importe de los compromisos que afecten a los dos ejercicios siguientes, el importe y características de las operaciones de endeudamiento concertadas en 2023 y por último, la relación de las actuaciones en curso más relevantes, así como su estado de tramitación o ejecución.

En el último Consell de Govern en funciones, el Ejecutivo deberá aprobar una memoria general de las actuaciones llevadas a cabo como Govern en funciones y adjuntarlo a la memoria de información antes citada.

CESES

Alrededor de 148 altos cargos y personal eventual (cargos de confianza) del Govern saliente cesarán en sus puestos tan pronto como haya un nuevo Ejecutivo.

Una legión de políticos, jefes de prensa y asesores con un sueldo muy superior a la media (desde los 59.745 euros anuales que cobra el director de gabinete de la presidenta del Govern, Joaquim Torres, que en esta legislatura será diputado, pasando por los 51.721 euros al año que percibe el jefe de la secretaría de comunicación de la presidencia, Lluís Planas, o el resto de responsables de comunicación de las consellerias; hasta los 32.485 euros anuales que recibe un jefe de secretaría de gabinete de cualquier conselleria, como retribución más baja del personal eventual del Govern.

Se trata de los 12 miembros del Consell de Govern (Francina Armengol y los once consellers y conselleras (Juan Pedro Yllanes, Mercedes Garrido, Rosario Sánchez, Iago Negueruela, Fina Santiago, Martí March, Patricia Gómez, Miquel Company, Miquel Mir, Mae de la Concha y Josep Marí Ribas); los dos secretarios autonómicos del Govern (Jesús Jurado y Miquel Àngel Sureda); el director de Gabinete de la presidencia y los 11 secretarios generales de cada Conselleria; además de los 54 directores generales; 11 jefes de gabinete, 7 jefes de secretaría del gabinete, asesores técnicos, interlocutores parlamentarios y responsables de comunicación de cada conselleria del Govern.

Los 11 altos cargos del IBSalut, con salarios superiores al resto de altos cargos del Govern (el director general del IBSalut, Manuel Palomino, cobra 88.637 euros anuales, bastante por encima del sueldo de la presidenta del Govern, Francina Armengol, fijado en 73.290 euros al año), también podrían ser removidos de sus puestos con la llegada de un nuevo Govern.

También es previsible que haya cambios en los 36 puestos de gerente y otros cargos directivos de entes del sector público instrumental dependiente del Govern.

Y numerosos cargos públicos, puestos de confianza, asesores y jefes de prensa en los consells insulars cuyo gobierno cambia de color político (Mallorca, Menorca y Formentera), así como en los ayuntamientos que se verán afectados por la alternancia política, también serán sustituidos en las próximas semanas.

Varios centenares de personas cambiarán de puesto de trabajo como consecuencia del vuelco electoral tras los comicios autonómicos y municipales de 28M.

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