El teatro político de los pactos

Vivimos tiempos superficiales donde la imagen y el gesto prevalecen sobre el contenido y el fondo. La convulsa política actual se ha convertido en un espectáculo con tintes teatrales. Acuerdos que suenan bien si nos quedamos en la superficie pero que si entramos en el fondo suponen pocos cambios en el actual sistema teniendo en cuenta las profundas reformas de regeneración democrática que necesita nuestro país.

Me voy a detener en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para suprimir las Diputaciones Provinciales, que no los Consells Insulars, Cabildos y Diputaciones Forales vascas. Para empezar es una medida que no saldrá adelante sin el apoyo del Partido Popular, al igual que las cuatro restantes pactadas entre estas fuerzas socialdemócratas (con permiso de esa alma comunista que también tiene el PSOE). Tres de los cinco acuerdos requieren una reforma de la Constitución que exige el apoyo de tres quintos de ambas Cámaras -210 diputados y 160 senadores-, o el de la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso -234 diputados-, lo que hace imprescindible contar, de nuevo, con el partido más votado, el PP, que, dudo, acepte investir a Pedro Sánchez.

Pretenden hacernos creer que con la eliminación de las diputaciones acabamos con duplicidades y ahorramos dinero. Con esta medida se aparenta que los actores de la llamada “nueva política” escuchan a esa mayoría de ciudadanos que hace años piden una reducción de la administración y del elevado gasto público actual. Pero si profundizamos sobre el tema parece que es un nuevo acto de la función teatral que prácticamente quedaría en nada si además se pretende sustituir por un “consejo de alcaldes”.

La división provincial de España tomó forma en 1833. Ciento ochenta y tres años después sigue intacta porque ha servido bien a los ciudadanos cumpliendo con su función de gobierno y administración de una provincia. Las Comunidades Autónomas cuentan con poco más de treinta años, pero son aquellas y no estas las que pueden desaparecer. Por cierto, el nacionalismo catalán también reivindica la eliminación de las diputaciones provinciales porque dividen su territorio. Ellos prefieren divisiones administrativas pequeñas y sumisas al todopoderoso “govern”. De ahí la creación catalana de las llamadas “veguerías”, ocho unidades administrativas que sustituirían a las cuatro provincias actuales. O sea que más de lo mismo, incluso multiplicado.

La supresión de las diputaciones provinciales, por tanto, sería un error porque ahondaría en la insostenibilidad del sistema territorial y competencial actual fortaleciendo a las comunidades autónomas que asumirían la mayor parte de sus competencias y que, casi ya desaparecido el Estado de sus territorios, gozarían prácticamente de un poder total.

Y es que, realmente, lo que es insostenible es el actual sistema autonómico, principal causa de nuestros problemas sociales, territoriales y económicos. Vamos a los datos objetivos y oficiales: El presupuesto actual de las 38 diputaciones provinciales asciende a unos 7.000 millones de euros. Sólo la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cuenta con un presupuesto anual de 4.240 millones de euros. Lo sé, las comparaciones son odiosas. 7.000 millones de euros frente a los 170.000.000 de las 17 Comunidades Autónomas.

Además, se cae en la incoherencia (interesada) de excluir a las administraciones que más gastan en este nivel administrativo, como son las 3 Diputaciones Forales vascas, que, como poco, suponen unos 14.000 millones de euros, los Cabildos, y los Consells Insulars.

Aquí los de Xavier Pericay tendrán que hacer juegos malabares para defender la existencia de los 4 consejos insulares frente a la eliminación de las diputaciones. Porque, además de constituir el más claro ejemplo de duplicidades y triplicidades administrativas, nos cuestan más que las diputaciones con un coste anual de 568 millones de euros: El Consell de Mallorca, 380, el de Menorca, 78, el de Ibiza, 88 y el de Formentera, 22. Si comparamos, por ejemplo, el Consell de Mallorca con la Diputación de Alicante comprobamos que ésta, con una población de 2 millones de personas, cuenta con un presupuesto de 252 millones de euros frente a los 380 de la isla con 870.000 habitantes. Y es que los poco más de un millón de habitantes de Baleares sostenemos con nuestros elevadísimos impuestos un gobierno autonómico, 4 consejos insulares y 67 municipios. Una estructura insostenible que no quieren reformar los partidos del teatrillo. Añadamos a la función teatral un poco de humor recordando a los nacionalistas cuando culpan de todos los males al “expolio fiscal”, “Madrid” nos roba, “damos mucho y recibimos poco”, “maltrato”,… sin decir una palabra de esta elefantiásica administración insular y autonómica expoliadora de los bolsillos de los ciudadanos. Pues eso… Que siga el espectáculo.