Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC) han acordado este lunes suspender la resolución por la que el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso de secesión y ha dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.
En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas" en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.
La admisión del incidente supone además dar traslado a la Fiscalía y al Parlamento de Catalunya de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado el pasado viernes. En este sentido, el Pleno del TC da 20 días de plazo para que las partes formulen las alegaciones que estimen convenientes.
