En la misiva se explica a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal que lo ocurrido tras la publicación de la sentencia del juicio del procés no es un mero problema de orden público, como señaló recientemente el ministro del Interior, sino que nos encontramos ante incidentes planificados, coordinados y que buscan matar a un agente por la extrema violencia que aplican sus autores y los medios empleados en los ataques contra los compañeros. "Por tanto, nos encontramos más cerca de un movimiento insurreccional, que busca segregar una parte del Estado con tácticas terroristas, que de algaradas espontáneas y aleatorias. Precisamente por esto, impulsaremos en su momento, y como acusación particular, los procedimientos judiciales que se abran para así defender los intereses de los compañeros/as", indica el sindicato en una nota.
El SUP reclama dos medidas urgentes. Por una parte, que las Fiscalías Territoriales de Cataluña insten medidas provisionales de ingreso en prisión para los detenidos en los disturbios, debido al peligro de reiteración del delito.
Por otra, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudie en su conjunto todos los atestados instruidos en estos días para, con los elementos necesarios, formular una acusación por terrorismo contra quienes hayan podido dirigir y coordinar estas guerrillas urbanas que han provocado que 134 policías nacionales tengan que ser atendidos por diversas lesiones y que varios debieran ingresar en hospitales en donde aún tenemos a un compañero en la Unidad de Cuidados Intensivos.
"Recordamos en la carta remitida a la Fiscal General que la Audiencia Nacional ya instruye diligencias previas por un delito de terrorismo contra un grupo de personas detenidas en Cataluña y que tenían en su poder material para su uso en ataques y posibles atentados, coincidiendo en este caso con el fin último perseguido en los gravísimos incidentes de estos días y que no es otro que causar heridas de gravedad y/o la muerte de un policía nacional, además de derribar el orden constitucional mediante el uso de la violencia. Reclamamos, por tanto, que se aplique ese mismo enfoque judicial a estas detenciones porque el Estado de Derecho debe velar por la protección del principio de legalidad en Cataluña, quebrado por estos grupos que practican el terrorismo callejero", concluyen.