El ministro Escrivá llegaba con vitola de experto, como fichaje independiente de cierto relumbrón, tras proponer cosas con cierto sentido como primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), desde su creación en 2014 a instancias de una Unión Europea entonces interesada en unas finanzas públicas ‘sostenibles’, hasta 2020.
De entonces a esta parte, cualquiera diría que al ministro Escrivá se le ha pasado la responsabilidad fiscal y que en cambio, como a tantos otros ministros, el sanchismo le posee, borrando por conveniencia política todo rastro de responsabilidad y hasta de decencia. Sólo así puede entenderse que, a pesar de los graves problemas de la Hacienda española, se permita revalorizar las pensiones según el IPC, es decir, por encima incluso del incremento de los salarios.
Hoy en día se emplea el término ‘populismo’ con notable imprecisión y ligereza, pero en este caso resulta completamente adecuado: es una medida netamente populista. Podríamos hablar incluso de ‘compra de votos’, fenómeno al que este gobierno nos tiene bien acostumbrados, por desgracia: desde el cheque bebé de Zapatero, la costumbre por desgracia se ha extendido, y nos encontramos ya con cheques culturales para los jóvenes, para las madres, vales de compra para el pequeño comercio; en fin, una ‘lotería’ en la que por sectores de interés, los políticos tratan de que casi no quede nadie sin su pequeño premio, a ver si les votan. Pero, dado que antes nos lo han cobrado en forma de impuestos, sería más preciso verlo como un reintegro, si acaso. Uno, como es natural, no está en contra de las pensiones dignas, ni del pequeño comercio ni nada de eso, pero sospecha que, si se mira en conjunto, el sistema es groseramente ineficiente y por tanto nos perjudica a todos.
Lo grave del incremento de las pensiones es que es pan para hoy, pero más hambre para mañana (ya iba a haber hambre, pero ahora, más): se concede únicamente porque llegan las elecciones, pero tanto la Seguridad Social como las administraciones en su conjunto presentan un déficit astronómico y, en el caso de las pensiones, inevitablemente creciente. Por puros motivos demográficos: la natalidad es la mitad de la que haría falta simplemente para el relevo generacional.
Por cierto, cuando el profesor Tamames puso de relieve en el Congreso este problema de la falta de niños, la vicepresidente segunda —la del pañuelo, no; la otra, la comunista— le salió con que si era machista, que si quería obligarlas a tener niños. Huelgan comentarios.
En fin, sintetizando, como le gusta al profesor Tamames: que el ‘reintegro’ que se entrega ahora a los pensionistas presentes con la esperanza de ‘orientar’ su voto, supone más déficit y por tanto más deuda pública, que continúa ascendiendo como un cohete, acercándose ya a los dos billones de euros (1,88 billones; pasivos netos en circulación emitidos por las administraciones públicas según el Banco de España). En torno al 141% del PIB. Casi 40.000 euros por habitante; más de 93.000 por contribuyente.
Además, puesto que ahora suben los tipos de interés, los intereses de la deuda consumirán una parte cada vez mayor del presupuesto. Por no hablar de las consecuencias de un entorno económico que puede empeorar en cualquier momento.
Por todo ello, en definitiva, el aguinaldo electoral a los pensionistas presentes, supondrá pensiones menores para los pensionistas futuros. Pero además, para pagarlo y enjugar al menos en parte ese déficit de las pensiones y de toda la administración, el ministro Escrivá ha impulsado una reforma que no consiste más que en una subida de cotizaciones, o sea, de impuestos: el sablazo Escrivá.
El sablazo Escrivá supone que todos los cotizantes pagarán más. Quienes ganan hasta 10.000 euros pagarán sólo un poco más: 120 euros (fuente: LibreMercado). Pero ese importe irá in crescendo, de tal modo que a partir de un salario de 20.000 euros, entre IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, se pagará más de un 50%. La mayor estocada se la llevan quienes ingresen más de 70.000 euros, que pasarán de un tipo ya actualmente confiscatorio del 52%, a un 63%. Si le suman a este interesante porcentaje el resto de tributos —IVA, Patrimonio, IBI, impuestos especiales, etc.— ¿a qué tipo total nos iríamos? ¿Al 75%? ¡Que trabaje Rita!
Hasta la AIReF que en tiempos presidió Escrivá advierte que una fiscalidad tan elevada ahuyenta a los trabajadores cualificados. Y encima, si algún día nos jubilamos, no tendremos las actuales pensiones, ni mucho menos. Pero el que venga detrás, que arree. Esto de Sánchez y Escrivá sí que es tierra quemada, y no lo de los rusos.