El Prestige fue una broma al lado del Covid-19

¡Qué atrevimiento! Una jueza de instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investigando al Gobierno... ¡Habrase visto! Un señor presenta una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno en las comunidades autónomas por haber autorizado las manifestaciones del 8-M cuando ya se sabía del peligro de propagación del coronavirus podían conllevar las grandes concentraciones de personas, y a una jueza le da por hacer su trabajo y ordenar a la Policía Judicial que estudie el asunto. También cita al denunciado que está bajo su jurisdicción, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que además es el secretario general de la Federación Socialista Madrileña del PSOE. Todas las alarmas encendidas en La Moncloa y en Ferraz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordena la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La razón esgrimida es una reestructuración de equipos, pero un documento oficial firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, deja claro que el cese es por pérdida de confianza por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. El Director Adjunto Operativo de la Benemérita, Laurentino Ceña, presentó su dimisión al no estar de acuerdo con el cese de Pérez de los Cobos. El ministro mintió en el Parlamento al desvincular el cese del coronel con el informe de la Policía Judicial respecto al 8-M y pese a eso, sigue en el cargo y cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. La mayoría de asociaciones judiciales han calificado el asunto de injerencia inaceptable.

Paralelamente, los medios de comunicación afines al Gobierno han descalificado con dureza los informes de la Guardia Civil encargados por la jueza Rodríguez-Medel y ahora también a la propia instructora. El digital eldiario.es apunta a que estaría resentida por no haber sido designada directora general de la Guardia Civil, sin aportar ninguna prueba.

¿Alguien podría creer que con tan trágico balance, el asunto de la pandemia no terminaría judicializado?

Hasta este domingo la cifra oficial de fallecidos es de 27.135 aunque otras estimaciones apuntan a que se podrían superar ampliamente las 40.000 víctimas, con más de 240.000 infectados por Covid-19. ¿Alguien podría creer que con tan trágico balance, el asunto de la pandemia no terminaría judicializado?

En el año 2002, el hundimiento del petrolero Prestige acarreó la imputación del delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa (quien años más tarde acabaría siendo director general de la Guardia Civil), el capitán marítimo de La Coruña y el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, entre otros muchos cargos públicos del Ministerio de Fomento. Tras nueve años de instrucción, solo fue juzgado este último. La Audiencia Provincial de La Coruña le absolvió. No hubo delito en la orden de llevar mar adentro al petrolero. El Estado español no incurrió en responsabilidades penales ni civiles. ¡Con todo lo que se dijo contra el Gobierno de José María Aznar!

Pues bien, todos los que entonces jaleaban 'Nunca Mais' —y no hubo ni un solo muerto— ahora no ven razón para que se llame a declarar siquiera al delegado del Gobierno en Madrid. Son los mismos que exigían la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando una auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid, Teresa Romero, resultó contagiada de ébola y su perro Excalibur tuvo que ser sacrificado. Pero ahora, con decenas de miles de muertos, pretenden que nadie critique al Gobierno y que la Justicia no investigue nada. No están en sus cabales.