El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado que el equipo de gobierno incurriría en un "posible delito de prevaricación" si adjudica definitivamente el servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de la futura mancomunidad entre los municipios de Ibiza y Sant Antoni para los servicios de gestión de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los dos municipios.
La concejal del PP María Fajarnés ha explicado que PW Advisory&Capital Services fue la única empresa que se presentó a la licitación para prestar dicha asistencia por un importe de 54.450 euros y, anteriormente, había sido adjudicataria de la 'Memoria de Análisis de la propuesta de creación de una Mancomunidad para la gestión de los Servicios de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Ibiza y Sant Antoni de Portmany', fechada en octubre de 2016 y por la que se abonaron 20.000 euros.
Según el PP, el pliego de condiciones administrativas del expediente de contratación número 18557/2016 relativo al servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de la futura mancomunidad establece en su apartado 4.1 que "no pueden concurrir a la licitación las empresas que han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de este contrato, siempre que esta participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o pueda supone un trato privilegiado respecto del resto de las empresas licitadoras".
Fajarnés ha indicado que se trata de una "ilegalidad manifiesta" y que "la mera admisión de esta empresa a participar en el expediente de contratación ya supone un fraude de ley". "Esta empresa debería haber sido excluida desde el primer momento, ya que era la única que no se podía presentar a la licitación al incumplir el Pliego de Cláusulas Administrativas", ha asegurado la concejal del Partido Popular, que ha acusado a PSOE-Guanyem de "gobernar al borde de la ley".
Fajarnés ha señalado que el expediente de contratación se encuentra en la fase de adjudicación definitiva, a la espera de que PW Advisory&Capital Services responda al requerimiento de subsanación que le hizo el Ayuntamiento.
Además, ha exigido a PSOE y Guanyem que cumplan la legalidad y no adjudiquen definitivamente a PW, al tiempo que ha asegurado que "el Partido Popular se reserva las acciones legales oportunas en el caso de que la coalición de gobierno consume estos hechos".
Por otra parte, la portavoz Virginia Marí ha acusado al alcalde Rafa Ruiz de ignorar el requerimiento formulado el mes de febrero por la Delegación de Gobierno de Baleares para anular la Oferta de Empleo Público del Consistorio por incumplir la legalidad vigente. Según Marí, "no consta que ni el alcalde ni la Junta de Gobierno Local hayan anulado la OEP, ni se haya presentado recurso alguno a la decisión de la Delegación de Gobierno, lo que convierte a PSOE y sus socios de Guayem en insumisos a la ley".
"Es impropio de un partido que aspira a ser alternativa en el Gobierno de la Nación desoír los requerimientos de ese mismo Gobierno", ha dicho.
Marí ha explicado que el Ayuntamiento ha remitido un oficio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas solicitando la reposición de plazas vacantes de la Policía Local incluidas en la Oferta Empleo Público 2016 de la Corporación, lo que permitirá aumenta la plantilla con siete nuevos agentes.
