El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha considerado que, con la sentencia que anula la contratación de María Ángeles Gallardo como directora técnica de Seguridad en el municipio, "parece que se confirma todo lo que habíamos denunciado desde el principio, que era una contratación ilegal", ha dicho el portavoz Marcos Serra, quien ha avanzado que están "a la espera de lo que acabe pasando porque pueden recurrir".
En declaraciones a Europa Press, Serra ha considerado que la resolución judicial da la razón a la Intervención municipal y a la Secretaría jurídica de la Corporación, que emitieron informes contrarios a la contratación.
Los 'populares', que habían denunciado en reiteradas ocasiones la "inutilidad" del cargo, cuya retribución asciende a 60.000 euros anuales, han manifestado que "el sentimiento de todos los ciudadanos es que ha sido el peor verano en cuanto a seguridad y si realizaron esta contratación de manera irregular el pasado noviembre, ellos aseguraron que era para preparar bien la temporada estival y mejorar la seguridad, y no ha servido de nada porque en este tema se ha ido para atrás".
En la sentencia, el magistrado considera que todo el procedimiento se llevó a cabo con una "manifiesta desviación de poder" y "únicamente con un objetivo: el nombramiento de la señora Gallardo". En este sentido, Serra ha reiterado que "siempre hemos dicho que con el cargo se solapaban las funciones del jefe de Policía, que es quien está preparado para dirigir el Cuerpo". "Veíamos que la contratación era ilegal, muy cara y además solapaba esas funciones, por lo que lo veíamos completamente innecesario", ha insistido.
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha considerado que "no existe nulidad en las resoluciones impugnadas", por lo que la institución recurrirá este fallo en el plazo legalmente estipulado.
