Cuentan que el lema de las dictaduras comunistas europeas -afortunadamente extintas- era el de "usted haga como que trabaja y nosotros haremos como que le pagamos". Aparentemente, no había desempleo en el socialismo real, porque todo el mundo ocupaba un puesto míseramente sufragado por el estado, al que los ciudadanos debían su subsistencia y que encubría una gigantesca tasa de paro y unas cifras de productividad ridículas. Ni una sola de aquellas empresas estatales sobrevivió al libre mercado, por supuesto.
Por estos lares, Francina Armengol, echada en brazos de las tesis de sus socios bolivarianos, entra en campaña con su particular versión del PER. El argumento de la inquera es irrefutable: Si en Andalucía funcionó el clientelismo durante cuarenta años -a ella no le falta tanto para jubilarse sin haber trabajado un solo día en toda su existencia-, en Balears no vamos a ser distintos. Excuso decirles cómo ha terminado el experimento social andaluz. Pregunten a Chaves y a Griñán. Y eso se consigue a base de tener cautivos a amplios sectores de la población mediante subsidios y subvenciones, mientras emprendedores y economía productiva encaran con toda clase de incertidumbres el próximo año, que sin duda será más difícil que el que está terminando.
Lo que durante más de siete años han sido promesas y alusiones a la herencia recibida, se torna en los ocho últimos meses anteriores a las elecciones en un ramillete de dádivas que buscan sin demasiado maquillaje la compra masiva de votos.
Obviamente, el sectarismo ideológico del Govern castiga duramente a sectores "no afines". Mientras los grandes hoteleros están encantados con los privilegios urbanísticos y de restricción de la competencia con que los ha bendecido Armengol, sectores clave para el futuro de nuestra sociedad como la enseñanza concertada agonizan económicamente tras 14 años -10 de ellos de gobiernos 'progres'- sin actualizarse un céntimo las asignaciones que debieran asegurar la gratuidad de la educación obligatoria para todos los alumnos.
Mientras tanto, Cataluña ha iniciado, a instancias de su Síndic de Greuges y tras un meticuloso estudio del coste real del puesto escolar, una negociación para actualizar dichos módulos en un 286%, algo que concuerda con otros estudios estatales que evidencian que la administración destina casi tres veces más dinero a un alumno de la enseñanza pública que a uno de la enseñanza concertada. En Balears, tras arrastrarse un insoportable déficit de casi el 30 por ciento durante lustros, ahora el Govern propone actualizar el módulo un 20% en cinco años, es decir, en la próxima legislatura, con inflaciones previstas cercanas a las dos cifras.
Se obvia, naturalmente, que ni siquiera se enjuga el déficit acumulado durante esos 14 últimos años y que, además de haberse producido un incremento disparatado de las principales partidas -electricidad, gas, agua...- muy por encima de ese 30%, el incremento desbocado de precios de 2022 y de los años venideros se va a comer esa supuesta actualización del módulo, con el consiguiente perjuicio para el alumnado.
En definitiva, el Govern propone a la concertada que siga asumiendo durante los próximos años un enorme déficit y le aboca a que continúe necesitando la aportación de las familias para hacer frente a los gastos corrientes. La gratuidad de la enseñanza obligatoria va así por barrios: Si eres de los míos, te lo pago todo, si no, te mantengo en la misérrima subsistencia y encima de acuso de elitista.
Este es el verdadero sentido del PER electoral de Armengol.
